SUCESOS
La UCO requiere documentación del Ayuntamiento en la Operación Termyca
EVA BELLIDO // BENICÀSSIM
Tres agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil accedieron este martes al Ayuntamiento de Benicàssim para supervisar y requerir documentación posiblemente relacionada con la Operación Termyca, en la que podrían estar implicados 23 consistorios de toda España y que se saldó ayer ya con 12 detenciones en una presunta trama de corrupción municipal. La macrooperación se llevó a cabo con casi 50 registros en 10 provincias, entre ellas Castellón concretamente en el Ayuntamiento de Benicàssim, aunque en este caso no hubo detenciones y solo se solicitó documentación.
Los agentes, que iban de paisanos y entraron en torno a las 12.15 horas en la casa consistorial con bolsas vacías con el distintivo de la Guardia Civil, subieron a la primera planta, donde permanecieron durante casi cuatro horas solicitando y revisando documentación en el departamento de Intervención, donde iban recopilando contratos, fotocopiándolos e introduciéndolos en las bolsas, según pudo saber este periódico. Después, a las 16.05 aproximadamente, bajaron las escaleras del Ayuntamiento y salieron por la puerta principal –según presenció este periódico– con, al parecer, seis bolsas con papeles, depositándolas a continuación en el maletero de su vehículo, sin dar declaraciones.
En un comunicado enviado por el Ayuntamiento de Benicàssim aclararon que los agentes “no realizaron ningún tipo de registro, sino que se limitaron a solicitar información y documentación sobre proveedores concretos que realizan servicios para diversos consistorios”. La alcaldesa, Susana Marqués, afirmó que, desde el primer momento, “nuestros técnicos municipales colaboraron al máximo con la labor de facilitar la documentación solicitada”.
La munícipe estuvo durante la mañana presidiendo la junta de seguridad del FIB, celebrada este martes en una sala de la Casa Abadía (Oficina de Turismo) con responsables de la Guardia Civil, Policía Local y la presencia del subdelegado del Gobierno, David Barelles; y comparecían al finalizar, justo en ese momento, en rueda de prensa ante los medios de comunicación.
Marqués indicó –en esos instantes– que el Ayuntamiento no había recibido ningún requerimiento y se mostró “sorprendida”. Reconoció haberse enterado “por los medios de comunicación” y haber dado las instrucciones necesarias para preparar la documentación que se pudiera requerir con total celeridad, transparencia y tranquilidad, sin ningún problema como es nuestra obligación”. “Hemos puesto a disposición Secretaría e Intervención por si tienen que solicitar contratos o cualquier información, con total transparencia”, señaló. Aunque pidió a los medios “prudencia” por solo haberse solicitado información.
“No me cabe ninguna duda de que en el Ayuntamiento, precisamente en procedimientos administrativos y de contratación, tengo toda la seguridad de que mis técnicos han obrado bien. Y digo los técnicos porque la corporación municipal no participamos en ninguna mesa de contratación desde noviembre pasado, a raíz de un acuerdo político en el que decidimos dejar de tener representación en ninguna mesa de contratación en aras de la transparencia”, apuntó.
Por su parte, Barelles también aseguró “no tener conocimiento oficial” y rogó también “prudencia”. “Cuando hay una operación de algún tipo que mandata un juez a la Guardia Civil, es Policía Judicial, dependen del juez y actúan bajo sus órdenes y no dan conocimiento a nadie porque son diligencias secretas”.
Marqués anunció que convocará este miércoles “una junta extraordinaria de portavoces para informar a todos los grupos políticos sobre la colaboración facilitada este martes por el consistorio a la Guardia Civil en el ámbito de la investigación que se sigue en un juzgado de El Vendrell (Tarragona)”. “Vamos a colaborar con la justicia en todos los extremos porque no ha de quedar ni una sombra de duda sobre el Ayuntamiento, ni el municipio. Queremos que se investigue hasta el final para que nadie pueda dudar de la transparencia de este consistorio”, afirmó.
Desde algunos grupos como Compromís manifestaron su “preocupación” por la situación del Ayuntamiento.
El dispositivo se llevó a cabo de forma simultánea en las cuatro provincias catalanas (Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona), así como en Baleares, Huelva, Granada, Madrid y Guadalajara, además de Castellón. En la macrooperación se investiga a las consultoras Efial y CGI ante un presunto delito de adjudicaciones irregulares a ayuntamientos para empresarios afines. Arrancó en el denominado ‘caso Efial’, por el nombre de la consultora especializada en administración local que trabajaba para numerosos ayuntamientos de Tarragona gobernados en su mayoría por Convergència Democràtica (CDC).
Entre las 12 detenciones en todo el territorio nacional, se encuentran acusados de malversación de fondos públicos, fraude a la hacienda pública y blanqueo de capitales. Entre ellos figuran trabajadores públicos, dos exalcaldes catalanes y empresarios y directivos de las consultoras Efial y CGI.
