Es la primera cantidad que consigna el consistorio para la nueva infraestructura y se ha previsto «para arrancar «, según explica la alcaldesa, Susana Marqués, «ya que nos han informado que se pondrá en marcha el 1 de marzo«.

Y es que de no ser así y activarse antes de la última moratoria de la Comisión Europea, el Gobierno central tendría que devolver 18 millones de euros a la Unión Europea como indemnización por las ayudas concedidas para su construcción.

Tras años de negociaciones, por un lado para adaptar la cantidad del agua a la que realmente necesita actualmente el municipio; y, por otro, para renegociar la amortización de las obras de la infraestructura, parece que la desaladora comenzará a funcionar.

En la última propuesta de Acuamed enviada a los consistorios implicados parece que «han atendido nuestras demandas, ante el plante de los alcaldes», según indica la munícipe. Los técnicos están revisándola exhaustivamente y si dan el visto bueno su aprobación se elevará a un próximo pleno.

En este último acuerdo, que parece ser el definitivo, Acuamed ha cedido a suministrar a Benicàssim las cantidades que realmente necesita, teniendo en cuenta los meses con más demanda del verano, y sustituyendo a las que se habían establecido inicialmente en el convenio.

«No íbamos a pagar por agua que no necesitábamos», afirma Marqués, pues cuando se firmó se hizo en vistas de desarrollos urbanísticos como el PAI Benicàssim Golf, que quedó anulado y no ha podido ejecutarse finalmente.

«Ahora no tenemos demanda para tanta agua, ni tampoco depósito para almacenarla», añade.

También se ha conseguido otro avance en las negociaciones, como es que ahora «vamos a poder utilizar nuestros acuíferos, no solo agua desalada como establecía el primer convenio», señala la alcaldesa.

La millonaria amortización de la obra

No obstante, se trata de «un convenio transitorio», aclara Marqués, ante la urgente puesta en marcha de la desaladora, «pero no renunciamos a seguir haciendo nuestras reivindicaciones sobre la amortización de la obra».

«No renunciamos al derecho, entendemos que es un bien de interés prioritario, de uso común, entendemos que igual como en Cataluña el gobierno de Zapatero se hizo cargo, también deberían hacerse cargo de la nuestra», afirma.

Y es que el acuerdo firmado en 2006 obliga a los Ayuntamientos afectados a asumir el coste de las obras en 25 años. Entre Orpesa, Benicàssim y Cabanes deberían pagar 51 millones de euros.

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Alcalde ha declarado que resulta «muy triste” que “los 7 años de gestión de la alcaldesa, Susana Marqués, también hayan supuesto en esta materia para nuestra tierra un grave estancamiento y retroceso”.

Ha manifestado que hubiera sido «muy fácil mantener la herencia que dejó el alcalde socialista Francesc Colomer», porque según señala, “Marqués solo tenía que conservar la red de carriles bici y, en la medida de lo posible, mejorarla”.

Sin embargo, ha añadido, «lo que ha ocurrido es que la alcaldesa del PP y sus concejales se han despreocupado por completo de los carriles bici, lo que ha provocado que, en la actualidad, presenten un estado lamentable”.

“Sucede que la vegetación ha invadido buena parte de estos carriles bici y que el asfalto presenta importantes deficiencias después de 7 años de dejadez y no intervención”, ha criticado.

“El firme está agrietado y tanto la señalización, como la iluminación, son manifiestamente deficientes y mejorables”, ha sentenciado el portavoz socialista.

Se trata de una situación “lamentable e incomprensible porque mientras que muchos municipios están haciendo de este recurso un atractivo más para sus ciudadanos empadronados y turistas, fomentándolo y mejorándolo, en Benicàssim, pueblo con arraigo y tradición ciclista, su Ayuntamiento, con Susana Marqués al frente, está consiguiendo todo lo contrario, que la gente deje de lado la práctica del ciclismo”, ha afirmado.

«Mientras en todos los municipios costeros los ayuntamientos trabajan intensamente para que sus pueblos sean capaces de captar un mayor número de visitantes, en Benicàssim la alcaldesa no para de debilitar a nuestro pueblo como destino turístico», ha dicho Alcalde.

Y es que “no limpia las calles, no recoge a tiempo la basura de los contenedores, los árboles del paseo marítimo no se cuidan y se acaban cayendo y los carriles bici no se mantienen y se dejan en un lamentable estado de conservación”, ha lamentado.

«Una dejadez que, además, conlleva un importante riesgo para los ciclistas que con un firme invadido y en pésimo estado, y con en unas vías carentes de la necesaria iluminación, ponen en peligro su integridad arriesgándose a sufrir serios percances”, ha advertido.

Por todo lo dicho, “los socialistas de Benicàssim instamos a la alcaldesa Marqués y a su equipo de gobierno a que se pongan a trabajar de inmediato para que los carriles bici de nuestro pueblo vuelvan a ser lo que nunca debieron dejar de ser”.

También hacen un llamamiento a la mayoría conformada por PP y ARB para que la red de carriles bici se extienda hasta las urbanizaciones de Montornés y Las Palmas “porque todos los habitantes de Benicàssim deben tener la oportunidad de gozar de los mismos servicios, independientemente de la zona de nuestro término municipal en la que residan”, han puntualizado desde el PSPV.

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Los alcaldes han puesto de manifiesto las carencias que deja pendientes la nueva ley en la casuística de los municipios turísticos, donde el incremento de población es muy grande durante la temporada alta, que además dura entre tres y cinco meses.

Hasta ahora, los municipios turísticos contrataban durante el verano un suplemento de plantillas de manera interina. Sin embargo la nueva norma autonómica prohíbe esta contratación de refuerzos policiales y solo permite hacer una convocatoria de comisiones de servicio, es decir, hacer una llamada a la movilidad de destino de los agentes en ese tiempo provenientes de otros municipios.

Sin embargo, como ha señalado la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, «nadie nos garantiza que a estas comisiones de servicio hayan policías que voluntariamente las vengan a cubrir. Hay que tener en cuenta que vienen de otros lugares y necesitan alojamiento y otros componentes laborales que pueden no ser atractivos para un agente de otro municipio».

«Por lo cual, y teniendo en cuenta que solo en estos cinco municipios que nos hemos reunido hoy, ya se han solicitado 60 comisiones de servicio, puede que llegue el verano y no hayan suficientes agentes para dar un servicio de calidad como merecen nuestros vecinos y los turistas que nos visitan».

Los alcaldes ha acordado pedirle a la Generalitat que adecue el articulado de la ley y contemple una modificación que permita incorporar la singularidad de los municipios turísticos. De hecho, los alcaldes tienen el próximo viernes una cita con el Director General de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Generalitat Valenciana, José María Angel Batalla, para trasladar esta preocupación y pedirle posibles soluciones de cara a la nueva campaña de verano.

«Entendemos que se debe modificar la ley para dar solución a las diferentes necesidades que tenemos los municipios que multiplicamos la población en verano. No podemos arriesgarnos a que llegue el mes de junio y no se hayan cubierto las plazas necesarias, porque puede generar desprovisión de agentes de seguridad», han insistido los alcaldes que marcan en esta modificación su pretensión en la reunión con la Generalitat.

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