La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, ha asegurado que el Ayuntamiento amortizará el préstamo solicitado de 3,6 millones de euros para la compra del recinto de festivales «antes de acabar el año».

La munícipe ha explicado que el «saneamiento económico del consistorio» va a permitir que se liquide el crédito para la adquisición de estos terrenos «en menos de un año», lo que conllevará que al cierre del 2019 «Benicàssim siga en deuda cero».

Además, ha adelantado que el buen escenario económico también posibilitará «invertir este año 4,4 millones en proyectos prioritarios«.

«La gestión económica municipal ha sido tan rigurosa y equilibrada que la liquidación del presupuesto ha dado el mejor resultado de la historia de Benicàssim, lo que nos va a permitir no solo tener presupuesto extra para poder acometer inversiones prioritarias, sino además, destinar una importante suma a la amortización de deuda», ha indicado.

«Deuda heredada»

«Ya que en 2018 conseguimos amortizar totalmente los 17 millones de euros que heredamos del anterior gobierno del tripartito, ahora ya solo quedaba pendiente la reciente operación de crédito para el recinto de festivales, que asciende a 3,6 millones y que podremos liquidar íntegramente dentro de este mismo ejercicio», ha afirmado la primera edil.

Marqués ha querido felicitar al departamento de Intervención por su destacable labor para hacer posible las directrices que había marcado el equipo de gobierno.

«Sanear la economía municipal»

«Cuando accedí a la alcaldía y, teniendo en cuenta la nefasta situación económica que tenía el ayuntamiento, casi al borde de la quiebra y la fuerte crisis económica global, lo que quisimos desde el equipo de gobierno fue sanear la economía municipal».

«No queríamos que los ciudadanos sufrieran la pérdida de servicios ni derechos, por eso nuestra premisa ha sido siempre, la moderación y el equilibrio«, ha señalado.

La alcaldesa se ha mostrado satisfecha por esta «gran noticia que permite a los benicenses saber que el dinero que aportan a las arcas municipales está bien gestionado y con capacidad para mejorar su ciudad y su calidad de vida».

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San Vicente de Paúl tiene un contrato de alquiler en este local a 10 años, que firmó con el antiguo propietario, y donde lleva ya dos años y medio. Está al corriente de todas las facturas. Pero al no pagar el dueño la hipoteca se ejecutó judicialmente, saliendo a subasta el inmueble, que se adjudicó a un banco, que pretendía desalojar a la oenegé, según lamentaron desde esta asociación benéfica. Ya que no les mostraron voluntad de seguir con el arrendamiento. El caso se abordó en un juicio.

Ahora, tras el auto, ambas partes deberán sentarse para acordar un contrato.

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Y ahora hay que esperar a que dictamine el juez, si deben abandonar el espacio y en qué plazos.

La asociación alquiló este local, situado en la calle Oliveres del casco urbano, a su anterior propietario firmando un contrato con fecha del 1 de febrero del 2016, por un periodo de 10 años y un importe mensual de 600 euros, más los gastos de luz, agua… Y, según aseguran, están al corriente de pago de todas las facturas.

Al no pagar el dueño la hipoteca, se ejecutó judicialmente subastando el inmueble, que se adjudicó a este banco en cuestión, al que la oenegé ha seguido pagando las mensualidades, según afirman. Y fue hace pocos meses cuando se le notificó a la asociación que debería desalojar el local.

Han intentado, «sin éxito, mantener el arrendamiento con el banco»

San Vicente de Paúl ha intentado, sin éxito, mantener el arrendamiento con las condiciones acordadas hasta la extinción del mismo y así solicitó al banco, quien, según indican, “no ha dado respuesta a la petición y continúa con el desahucio de la oenegé a pesar de las peticiones”.

Desde la asociación piden que el banco se replantee esta situación, “sin llegar al extremo del desahucio inmediato” por la importancia de esta actividad en beneficio de los más necesitados y efectuada por una institución sin ánimo de lucro.

El desahucio de la ONG “produciría un gravísimo perjuicio -sobre todo por la premura con la que se intenta ejecutar- tanto a la sociedad como, sobre todo, a los beneficiarios de las ayudas de la misma, que son muchos”, lamentan.

A lo que se suma la inversión que, teniendo en cuenta el alquiler a largo plazo firmado, realizó la asociación, cercana a los 15.000 euros, para el acondicionamiento del espacio para estos fines. Y no cuentan con otro local.

La ONG presta ayuda a más de 5.000 personas al año

Esta ONG, como institución humanitaria, presta ayudas sociales en Benicàssim a más de 5.000 personas al año. Las instalaciones albergan, además de las oficinas, el almacén de alimentos para el reparto periódico a todas las familias que lo necesitan. En este momento, la agrupación solidaria atiende de manera periódica a casi 50 familias -unas 160 personas- que están en situación precaria, además de los transeúntes que solicitan también diversas ayudas, sin ser residentes.

En el local se reparten al año unos 25.000 kilos de alimentos que son aportados por el Banco de Alimentos, por diversas entidades y por los recursos propios de la Sociedad y las aportaciones de los socios.

También disponen de ropero, desde donde se reparten unas 5.000 prendas de vestir a personas o familias que lo necesitan, así como elementos de abrigo como mantas, sacos de dormir y otros.

Además, se imparten cursos de repaso y apoyo escolar a diversos niños y jóvenes de la localidad e, incluso, a adultos.

El banco se basa, para pedir que dejen libre el inmueble, en que el contrato no se pasó en su día por el registro de la propiedad por ninguna de las dos partes, algo que desconocían desde la asociación, pues todo lo demás está en regla, reconocen, y así lo han demostrado entregando toda la documentación justificativa al juez.

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