Es la primera cantidad que consigna el consistorio para la nueva infraestructura y se ha previsto «para arrancar «, según explica la alcaldesa, Susana Marqués, «ya que nos han informado que se pondrá en marcha el 1 de marzo«.

Y es que de no ser así y activarse antes de la última moratoria de la Comisión Europea, el Gobierno central tendría que devolver 18 millones de euros a la Unión Europea como indemnización por las ayudas concedidas para su construcción.

Tras años de negociaciones, por un lado para adaptar la cantidad del agua a la que realmente necesita actualmente el municipio; y, por otro, para renegociar la amortización de las obras de la infraestructura, parece que la desaladora comenzará a funcionar.

En la última propuesta de Acuamed enviada a los consistorios implicados parece que «han atendido nuestras demandas, ante el plante de los alcaldes», según indica la munícipe. Los técnicos están revisándola exhaustivamente y si dan el visto bueno su aprobación se elevará a un próximo pleno.

En este último acuerdo, que parece ser el definitivo, Acuamed ha cedido a suministrar a Benicàssim las cantidades que realmente necesita, teniendo en cuenta los meses con más demanda del verano, y sustituyendo a las que se habían establecido inicialmente en el convenio.

«No íbamos a pagar por agua que no necesitábamos», afirma Marqués, pues cuando se firmó se hizo en vistas de desarrollos urbanísticos como el PAI Benicàssim Golf, que quedó anulado y no ha podido ejecutarse finalmente.

«Ahora no tenemos demanda para tanta agua, ni tampoco depósito para almacenarla», añade.

También se ha conseguido otro avance en las negociaciones, como es que ahora «vamos a poder utilizar nuestros acuíferos, no solo agua desalada como establecía el primer convenio», señala la alcaldesa.

La millonaria amortización de la obra

No obstante, se trata de «un convenio transitorio», aclara Marqués, ante la urgente puesta en marcha de la desaladora, «pero no renunciamos a seguir haciendo nuestras reivindicaciones sobre la amortización de la obra».

«No renunciamos al derecho, entendemos que es un bien de interés prioritario, de uso común, entendemos que igual como en Cataluña el gobierno de Zapatero se hizo cargo, también deberían hacerse cargo de la nuestra», afirma.

Y es que el acuerdo firmado en 2006 obliga a los Ayuntamientos afectados a asumir el coste de las obras en 25 años. Entre Orpesa, Benicàssim y Cabanes deberían pagar 51 millones de euros.

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Y es que el pleno que celebró el Ayuntamiento el pasado con carácter extraordinario aprobó abrir una partida económica para la solicitud de un préstamo con valor inicial de 3.600.000 euros con la intención de iniciar el proceso de compra de estas parcelas, tras 20 años de pagar alquileres. El punto salió adelante con los votos a favor de PP, Ciudadanos y PSPVP; y en contra de Compromís y Ara.

Otros declararon a este periódico que esperarán a hablar primero con el Ayuntamiento para conocer los detalles, pues todavía no les han notificado nada y no les han comunicado el precio. De momento, lo que saben es solo por el pleno.

Aunque reconocen haber recibido la noticia con «disgusto». «Son terrenos de nuestros abuelos, de toda la vida y no nos gustaría perderlos. Deshacerte de ellos te duele. Hubiéramos preferido consensuar un contrato a largo plazo, para 10 años».

En este sentido, se preguntan si no sería posible «comprar a los que quieran vender y con los demás hacer un contrato a largo plazo». De este modo, podrían invertir en infraestructuras fijas en las zonas municipales.

Discrepancias en los precios por m2

El Ayuntamiento trató de hacer un contrato a largo plazo el último año, como se ha hecho en ocasiones anteriores, aunque, a causa de las discrepancias en los precios por m2, se complicó y finalmente solo se firmó para un año, a falta de negociar con más tiempo las condiciones para el próximo.

Y es que, como novedad, el consistorio realizó una distinción en los tipos de suelo. Mientras antes se pagaban todos a dos euros por m2, se fijó un precio de mercado para las parcelas con infraestructuras (con vallado, agua, alcantarillado, asfaltado…) de 2,10 (aunque finalmente se pagó a 2,40, tras las negociaciones) y de 0,40 a los demás.

Según explicaron desde el consistorio, «también tienen un Impuesto de Bienes Inmubeles (IBI) diferentes, puesto que en el Catastro ya se tiene así reconocido».

Los dueños con parcelas que ahora se valoran en 0,40 piden que se tasen como todas, a 2 euros por m2. Las inversiones en infraestructuras fueron realizadas algunas por el Ayuntamiento y otras por los promotores de los festivales, en los terrenos escogidos.

En total, el suelo del recinto de conciertos pertenece a más de 40 propietarios distintos, algunos de Benicàssim, pero otros de Castellón, Valencia y Barcelona, entre otras ciudades.

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