El portavoz de Compromís per Benicàssim, Joan Bonet, alerta del «incremento futuro del recibo del agua por el convenio con Acuamed«.

La coalición votó no en el pleno que se celebró el viernes al convenio de transición que presentó Acuamed, acuerdo que, según recuerdan, recibió los votos favorables del equipo de gobierno y del PSPV.

Según Bonet, «la única intención de Acuamed con el convenio es poner en marcha la desaladora y evitar tener que devolver la ayuda de la Unión Europea con la que se financió la planta de Cabanes-Orpesa«.

Para el portavoz del grupo municipal de Compromís per Benicàssim, «el acuerdo es in extremis y perjudicará, en el futuro, de manera grave al usuario».

Bonet ha alertado de que la factura media del agua, «si en la actualidad se sitúa en los 50 euros al trimestre, puede llegar a 90 una vez finalice el convenio de transición».

Amortización

Desde la coalición también advierten de que el convenio no garantiza que el Ministerio se haga cargo del coste de las inversiones, «y, por tanto, será la nueva concesionaria, cuando tenga lugar el concurso, quien asumirá la amortización del coste«.

«Esto hará que la concesionaria repercutirá este gasto al usuario final, quien sufrirá un significativo incremento en la factura trimestral».

El candidato de Compromís a la alcaldía de Benicàssim considera que el acuerdo «es un despropósito si se tiene en cuenta que el agua es un bien básico fundamental y el usuario no disfrutará de ningún valor añadido que justifique un incremento futuro tan importante en el recibo».

Desde la coalición se ha acusado al equipo de gobierno «de no haber buscado una buena solución para el municipio».

Bonet ha indicado que se ha «pegado una patada a la pelota, hacia adelante, a la desesperada, y el problema que lo resuelvan los futuros equipos de gobierno».

El alcaldable ha señalado «que era posible otra solución si se hubiera realizado con tiempo y, por ejemplo, la compra de agua se hubiera hecho de acuerdo con la necesidad del municipio».

Burbuja inmobiliaria

En este sentido, Bonet ha recordado que la desaladora «tenía que cubrir una falsa expectativa de desarrollo urbanístico ligado a la burbuja inmobiliaria, en la que se proyectan PAI que multiplicaban por cinco el número de viviendas de Cabanes, Orpesa y Benicàssim».

Desde Compromís también han querido recordar que tanto PP como PSOE han rechazado en el Congreso y en el Senado las enmiendas de la coalición a los Presupuestos del Estado en las que se pedía que fuera la administración estatal quien asumiera el coste de la inversión, como así ha sucedido con otras plantas.

Finalmente, Bonet ha concluido que Acuamed ha estado rodeada de «una gran polémica debido a sobrecostes que llegaban al 40% y de una supuesta trama de corrupción por la que fue detenido un antiguo director general de la empresa pública».

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El pleno del ayuntamiento de Benicàssim sacó adelante el viernes la renegociación del convenio que el consistorio tenía suscrito con Acuamed desde el año 2008 para la puesta en marcha de la desaladora de Oropesa que debe dar servicio a los municipios de Benicàssim, Oropesa y Cabanes.

El nuevo texto aprobado en el pleno municipal del viernes ha permitido la activación de la desaladora de Oropesa, que de este modo se ha podido poner en funcionamiento este sábado (un día antes del plazo máximo) para así cumplir con los compromisos europeos.

«Lo que salva a nuestro país de devolver las ayudas de la UE para la construcción y puesta en marcha de estas desaladoras que se firmó en 2008», han recordado desde el equipo de gobierno.

La alcaldesa, Susana Marqués, ha señalado que con la renegociación del nuevo acuerdo revisado, «el ayuntamiento ahorrará 1.075.000 euros al año, lo que significa que no solo ahorrará el ayuntamiento, sino también los ciudadanos».

Un convenio que era «perjudicial»

Marqués ha recordado que el convenio de 2008 «que firmó el anterior gobierno del tripartito, obligaba al consistorio a aportar unas cantidades económicas desorbitadas que lastraban la economía municipal y perjudicaban gravemente a los vecinos, ya que hubiera supuesto casi triplicar el precio del agua para los vecinos«.

«Durante todos estos años se ha llevado un duro trabajo técnico y político para negociar aquellas nefastas condiciones y que evitara pagos que eran injustos con la ciudadanía y con el municipio», ha señalado.

En el pleno, Partido Popular, ARB y PSOE, han respaldado el nuevo texto, mientras que Compromís, Ciudadanos y Ara Benicàssim han votado en contra, «una decisión que en estos momentos, de no haber obtenido el convenio el respaldo suficiente, hubiera condenado a los vecinos a pagar el triple por el agua», han indicado desde el equipo de gobierno.

La munícipe ha recordado que se han mantenido «reuniones casi mensuales y siempre se ha luchado por obtener las mejores soluciones para la ciudad de Benicàssim».

«Máxime si cabe, con una desigualdad manifiesta hacia nuestra ciudad ya que, mientras en Cataluña y en otras comunidades autónomas como Andalucía, las desaladoras que se construyeron en la misma época fueron costeadas íntegramente por el Gobierno de Zapatero, a Castellón se nos castigó obligando a asumir por parte de los ayuntamientos, el coste de la amortización de la obra», ha lamentado.

Los acuerdos contenidos en la revisión del convenio suponen, entre otros, «evitar un coste injusto a los vecinos pero, al mismo tiempo, seguiremos reivindicando al Estado el pago de la desaladora, como en otras provincias», ha añadido Marqués.

Costes de mantenimiento

Asimismo, también «se ha conseguido también una reducción de los costes que se le atribuían al ayuntamiento en concepto de gastos fijos del funcionamiento de la planta, como personal, energía, vehículos, mantenimiento, entre otros, y que con el convenio anterior, también castigaban al ayuntamiento con 350.000 euros al año«.

«Con la renegociación, el coste que tendrá que asumir el ayuntamiento ahora será de 75.000 euros«.

Marqués se ha mostrado satisfecha con el acuerdo: «Creo que las decenas de reuniones para renegociar aquel convenio dañino y lesivo con la ciudad de Benicàssim han sido positivas».

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La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, ha informado de la renegociación del convenio que el consistorio tenía suscrito con Acuamed desde el año 2008 por el anterior alcalde, Francesc Colomer.

En el nuevo acuerdo revisado el ayuntamiento ahorrará 1.075.000 euros al año, según ha señalado.

Marqués ha explicado que el convenio de 2008 «condenaba al consistorio a hacer frente a unas exigencias económicas que lastraban la economía municipal y perjudicaban gravemente a los vecinos».

«Tras las negociaciones, hemos conseguido un acuerdo en el que el ayuntamiento y la ciudad de Benicàssim sale beneficiada al evitarse pagos que considero que eran injustos con la ciudadanía y con el municipio».

La alcaldesa ha detallado que, mientras «en Cataluña y en otras comunidades autónomas como Andalucía, las desaladoras que se construyeron en la misma época fueron costadas íntegramente por el Gobierno, a Castellón se nos castigó obligando a asumir por parte de los ayuntamientos el coste de la amortización de la obra».

Los acuerdos contenidos en el nuevo convenio suponen, entre otros, «evitar un coste injusto a los vecinos pero, al mismo tiempo, seguiremos reivindicando al Estado el pago de la desaladora, como en otras provincias», ha añadido Marqués.

Reducción de los gastos de funcionamiento

Como también ha manifestado Marqués, en el acuerdo que se ha negociado con Acuamed, se ha conseguido también una reducción de los costes que se le atribuían al ayuntamiento en concepto de gastos fijos del funcionamiento de la planta, como personal, energía, vehículos, mantenimiento, entre otros, y que con el convenio anterior, también castigaban al ayuntamiento con 350.000 euros al año.

Con la renegociación, el coste que tendrá que asumir el ayuntamiento ahora será de 75.000 euros, según la primera edil.

La munícipe se ha mostrado satisfecha con el acuerdo: «Creo que las decenas de reuniones para renegociar aquel convenio dañino y lesivo con la ciudad se Benicàssim han sido positivas«.

El nuevo texto del convenio debe aprobarse por pleno municipal antes de la puesta en marcha de la desaladora de Oropesa que se prevé para el 30 de marzo.

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Es la primera cantidad que consigna el consistorio para la nueva infraestructura y se ha previsto «para arrancar «, según explica la alcaldesa, Susana Marqués, «ya que nos han informado que se pondrá en marcha el 1 de marzo«.

Y es que de no ser así y activarse antes de la última moratoria de la Comisión Europea, el Gobierno central tendría que devolver 18 millones de euros a la Unión Europea como indemnización por las ayudas concedidas para su construcción.

Tras años de negociaciones, por un lado para adaptar la cantidad del agua a la que realmente necesita actualmente el municipio; y, por otro, para renegociar la amortización de las obras de la infraestructura, parece que la desaladora comenzará a funcionar.

En la última propuesta de Acuamed enviada a los consistorios implicados parece que «han atendido nuestras demandas, ante el plante de los alcaldes», según indica la munícipe. Los técnicos están revisándola exhaustivamente y si dan el visto bueno su aprobación se elevará a un próximo pleno.

En este último acuerdo, que parece ser el definitivo, Acuamed ha cedido a suministrar a Benicàssim las cantidades que realmente necesita, teniendo en cuenta los meses con más demanda del verano, y sustituyendo a las que se habían establecido inicialmente en el convenio.

«No íbamos a pagar por agua que no necesitábamos», afirma Marqués, pues cuando se firmó se hizo en vistas de desarrollos urbanísticos como el PAI Benicàssim Golf, que quedó anulado y no ha podido ejecutarse finalmente.

«Ahora no tenemos demanda para tanta agua, ni tampoco depósito para almacenarla», añade.

También se ha conseguido otro avance en las negociaciones, como es que ahora «vamos a poder utilizar nuestros acuíferos, no solo agua desalada como establecía el primer convenio», señala la alcaldesa.

La millonaria amortización de la obra

No obstante, se trata de «un convenio transitorio», aclara Marqués, ante la urgente puesta en marcha de la desaladora, «pero no renunciamos a seguir haciendo nuestras reivindicaciones sobre la amortización de la obra».

«No renunciamos al derecho, entendemos que es un bien de interés prioritario, de uso común, entendemos que igual como en Cataluña el gobierno de Zapatero se hizo cargo, también deberían hacerse cargo de la nuestra», afirma.

Y es que el acuerdo firmado en 2006 obliga a los Ayuntamientos afectados a asumir el coste de las obras en 25 años. Entre Orpesa, Benicàssim y Cabanes deberían pagar 51 millones de euros.

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Este decisión oficial, adoptada por toda la corporación, es el paso previo a la convocatoria de un nuevo procedimiento de gestión.

Tal y como señaló el concejal de Servicios Públicos, Clemente Martín, el contrato –que se autoriza su caducidad– se firmó el 13 de noviembre de 1968 y, desde entonces y por un periodo de 50 años, ha sido desarrollado por la Sociedad Fomento de Benicàssim y, posteriormente, por cesión a Fomento de Benicàssim Aguas Potables.

Así, el próximo día 13 se produciría la finalización del término de contrato que tenía una vigencia de 50 años, pero esta culminación ha quedado firme con el pertinente mandato plenario.

El servicio continuará hasta la nueva concesión

Al mismo tiempo, teniendo en cuenta que el servicio de suministro de agua es un bien de primer necesidad para la población, el pleno aprobó también la continuidad del mantenimiento del servicio por la empresa, en las mismas condiciones del actual contrato, hasta que se produzca una nueva concesión que gestione el servicio de agua potable al municipio.

Martín explicó también que con la finalización del contrato, los bienes e inmuebles, así como los derechos afectos al servicio, revierten de nuevo al ayuntamiento.

Por último, el concejal de Servicios Públicos indicó que ésta «es una de las decisiones más relevantes de un ayuntamiento, ya que afecta a un suministro vital para los vecinos y que, como se puede observar por su temporalidad, hay que abordarla de manera muy seria y con las máximas garantías técnicas».

«Por este motivo, los servicios municipales ya llevan tiempo estudiando los condicionantes que deben regir la que será la nueva gestión del agua en Benicàssim», señaló.

«De hecho, en un próximo pleno, el consistorio presentará el plan de viabilidad del servicio que deberá determinar el tipo de gestión que se implantará y, a partir de ahí, se producirá la redacción de los nuevos pliegos de condiciones de gestión que deberán tener en cuenta nuevos condicionantes como la puesta en marcha de la desaladora de Oropesa o la amortización de las inversiones en infraestructuras», dijo.

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Márques le ha pedido a Sánchez que intervenga en la agilización de los proyectos que preocupan a Benicàssim. “Estos asuntos pendientes pasan, entre otros, por la demanda, respaldada por todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento, de que sea el Gobierno quien asuma los costes de amortización de la construcción de la planta desaladora de Oropesa que se ejecutó en tiempos de José Luís Rodríguez Zapatero. En aquellos momentos, otras plantas similares construidas en Cataluña, recibieron un trato más beneficioso para los ciudadanos ya que fue el Ministerio quien asumió todos los gastos de edificación. Por tanto, los benicenses no merecemos un trato distinto al que se dio a los municipios catalanes”, ha señalado la alcaldesa.

La primer edil ha añadido que “nos preocupa, también, el retraso que está sufriendo el refuerzo de los trenes de cercanías que permite conectar los municipios del norte de la provincia con el resto de destinos. Este incremento de convoyes debería haberse puesto en marcha hace más de un mes, y para Benicàssim que hubiera estado activo en verano con la importante afluencia de turistas, hubiera sido primordial. Con lo cual, he querido pedirle al presidente que lo haga efectivo cuanto antes, ya que así lo había dejado ya preparado el anterior gobierno del PP”.

Marqués ha insistido también que “de la misma manera que nos gustaría que agilizase al máximo proyectos tan importantes para Benicàssim como es la mejora de la movilidad y la seguridad vial a través de la N-340, o la construcción de una depuradora, proyectos ambos de los que en estos momentos no tenemos noticias novedosas por parte de los ministerios que nos hagan presagiar una rápida resolución”.

Marqués ha señalado que “desde el Ayuntamiento de Benicàssim no tuvimos conocimiento de la visita del presidente al FIB, a pesar de que, ahora, sabemos por la vicepresidenta que sí fue una visita de su agenda oficial.  Por tanto, lamentamos que su presencia no nos fuera comunicada oficialmente, como sería de esperar cuando el presidente acude de manera oficial a cualquiera de los municipios de nuestro país, lo que nos hubiera posibilitado recibirle de la misma manera en la Casa Consistorial. Y por este motivo, hemos querido trasladarle, al menos por carta, los temas que competen y preocupan a los benicenses”.

La alcaldesa ha querido insistir en que “Sánchez debe empezar a actuar como corresponde a su cargo y darse cuenta de que, aunque en Benicàssim gobierne el PP porque tiene mayoría, como sucedía en el gobierno de España, donde gobernábamos porque habíamos ganado las elecciones, no puede ningunear a los ciudadanos ni a los municipios. Él es presidente de todos los ciudadanos, los que son de su partido y los que no, y si su agenda es oficial y utiliza medios oficiales de alto coste para su desplazamiento, lo mínimo que ha de hacer es trabajar por los ciudadanos que soportamos su gasto”.

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La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, señaló: “Hoy Benicàssim vuelve a reivindicar que se le exima del pago de la amortización de la obra de una planta que ahora no es necesaria y que, además, en otros lugares, como en el caso de las plantas de Cataluña, fue asumida por el Gobierno de España íntegramente. Por lo tanto, es completamente injusto que, mientras a otros territorios se les dio el privilegio de pagar la infraestructura, aquí no se nos trate con el mismo criterio”.

La moción recuerda que el convenio de construcción de esta desaladora se firmó en 2008 y en él, como se comprometió el anterior gobierno municipal, Benicàssim pedía recibir al año 12.000 metros cúbicos de agua al día. Con esas previsiones, Benicàssim se abastecería únicamente de agua desalada, suponiendo según los populares un incremento de casi el 300% en el recibo del agua a los vecinos.

Además, en el convenio se estipulaba también que Benicàssim debía pagar el 18,58% de los costes de construcción de la desaladora, lo que supone que Benicàssim está obligada a devolver más de 73 millones de euros en 25 años, unos 800.000 euros al año.

Unanimidad para la mejora de las infraestructuras

También todos los partidos con representación plenaria se han unido para reivindicar mejores infraestructuras por carretera y ferroviarias en la provincia. El pleno ha exigido al Gobierno del Estado, que se implante cuanto antes el Plan de Mejora de la Calidad de las Cercanías en la Comunitat Valenciana 2017-2018, al que ya se comprometió el anterior ejecutivo popular y que tenía que entrar en vigor este mismo mes, aunque por el momento no hay fecha para su puesta en marcha.

También han exigido al Ministerio de Fomento que no prorrogue la concesión de la autopista AP-7, tras el fin de la concesión en 2019. De hecho, se ha aprobado la exigencia al Gobierno de la nación para que liberalice el tramo de la AP-7 entre el peaje de Sagunto y la salida Castellón norte de manera inmediata, mientras duren los trabajos en el corredor ferroviario entre Valencia y Castellón que causarán importantes afecciones a la línea ferroviaria.

El texto final, fusión de mociones del PP, Compromís y con la suma de la enmienda de Ciudadanos, también recoge la petición al Ministerio de Fomento y a la Dirección General de Tráfico de que se elabore un estudio de peligrosidad del tramo de la N-340, entre Montornés y el casco urbano de Benicàssim.

Otra de las reivindicaciones incluidas es que se ejecuten las obras del acceso sur ferroviario al Puerto de Castellón y establecer una conexión por carretera entre la CV-10 y los accesos sur. También que se continúe ejecutando las obras de la N-232, así como la construcción de tres nuevos tramos en la A-7 que culminarán las obras de la CV-10 entre Vilanova d’Alcolea y La Jana. Y, por supuesto, que se siga respaldando la ejecución del corredor mediterráneo ferroviario.

Mejoras en el transporte de pasajeros

El pleno también ha respaldado las exigencias municipales al Proyecto de Servicio Público de Transporte CV-003 Vinaroz-Castellón presentado por la Conselleria de Infraestructuras y que, según el Grupo Popular, «perjudica gravemente a nuestro municipio». El Ayuntamiento reivindica que se mantenga la actual línea “Castellón- Serradal-Montornés”, ya que la propuesta de la Generalitat implica que desaparezca la línea de bus urbano que permite a los vecinos de las urbanizaciones de montaña (Montornés, Las Palmas y La Parreta), poder desplazarse directamente al centro del municipio o a Castellón.

Según ha explicado el concejal de Movilidad existe un segundo perjuicio. “La conselleria ha planificado que los autobuses que acceden a Castellón por la playa, solo lleguen hasta el grao de Castellón. Allí los pasajeros deberán bajar del vehículo y enlazar con otros servicios urbanos de Castellón. Esto nos parece tremendamente dañino para la comodidad de los pasajeros y una pérdida de calidad, porque cuando se llegue al Grao habrá que esperar al siguiente transporte o desplazarse a pie a enlazar con cualquier otro servicio”, argumentó Arturo Martí.

Ante esta situación, la moción, presentada por el PP y respaldada por todos los grupos, reclama al Consell que se amplíe el recorrido de la línea 4 prevista y que tenga su término en Castellón, manteniendo una frecuencia de paso de 20 minutos.

Finalmente, el Ayuntamiento reivindica al Consell que se amplíe el horario previsto de la línea 2 que permita cubrir el horario nocturno, de manera que se permita unir las diferentes zonas de ocio de Benicàssim y Castellón y que se dé un servicio, regulado por el plan de transporte, de bus nocturno a los jóvenes de ambas poblaciones.

Accesibilidad

Finalmente, la unanimidad también se ha impuesto en la reclamación a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, para que realice las obras necesarias para convertir el albergue Argentina en una dotación mejor preparada para acoger personas con discapacidad.

La concejala de Igualdad, Vanessa Batalla recordó que hace unas semanas «los usuarios de varias asociaciones de discapacitados estuvieron allí realizando actividades y nos trasladaron su preocupación por que el centro no está suficientemente preparado para acoger a personas con discapacidad motora. El piso superior del centro solo tiene acceso a través de escaleras y, por tanto, no puede ser utilizado con normalidad con personas con una discapacidad motora”.

El albergue Argentina tiene una capacidad total de 144 plazas, pero solo 24 de ellas, que se encuentran en la planta baja, están preparadas para ser utilizadas por personas con discapacidad. Batalla apuntó: “Consideramos que unas instalaciones como las del albergue Argentina, con la alta rotación que cuentan, deberían estar mejor preparadas para acoger a personas con movilidad reducida y posibilitar que todas las personas se beneficiasen de poder quedarse allí sin problemas de adaptación. Realizar los trabajos necesarios para hacerlas accesibles sería una muestra de voluntad de universalidad de uso del albergue y creo que nos beneficiaría a todos”.

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Como ya se ha expresado en otras ocasiones, «Benicàssim va a seguir reivindicando que se le exima del pago de la amortización de la obra de una planta que ahora no es necesaria y que, además, en otros lugares, como en el caso de las plantas de Cataluña, fue asumida por el Gobierno de España íntegramente».

«Que el Ayuntamiento de Benicàssim, sin necesitarlo, tenga que pagar más de 73 millones de euros, es completamente injusto».

Marqués ha recordado que las obras de las desaladoras «las puso en marcha el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero y que fue el anterior alcalde, Francesc Colomer, quien firmó unos condicionantes que ahora nos lastran económicamente y condenan a los ciudadanos a tener que pagar más cara el agua sin que haya necesidad».

«Herencia envenenada»

El convenio de la construcción de esta desaladora se firmó en el 2008 y en éste, como se comprometió el anterior gobierno municipal tripartito, Benicàssim pedía recibir al año 12.000 metros cúbicos de agua al día. Con esas previsiones, Benicàssim se abastecería únicamente de agua desalada y, eso, a los vecinos les supondría un incremento de casi el 300% en el recibo del agua.

Además, en el convenio se estipulaba también que Benicàssim debía pagar el 18,58% de los costes de construcción de la desaladora, lo que supone que Benicàssim está obligada a devolver más de 73 millones de euros en 25 años. Eso significa que al año, solo de amortización de esa deuda heredada, Benicàssim deberá pagar 800.000 euros.

Nueva negociación para buscar ventajas

«Durante los últimos años, el consistorio ha estado en constante contacto y negociaciones con Acuamed a la búsqueda de una nueva negociación que rompa con esta herencia que lastra económicamente el municipio y a sus ciudadanos», ha explicado la alcaldesa.

«Queremos que el ministerio asuma el coste de la obra y no nos obligue a pagarlo. Así se hizo en muchas plantas de Cataluña y creemos que Benicàssim, Oropesa y Cabanes no deben ser menos. No somos ciudadanos de segunda, no es justo que nos obliguen a pagar una obra que no nos hace falta y que, además, en otros lugares, sí financió el ministerio», ha dicho Marqués.

El municipio de Benicàssim consume poco más de 4 millones de metros cúbicos al año y se abastece de pozos, sin que una aportación extraordinaria sea necesaria en estos momentos.

En todo caso, como ha explicado Marqués «de tener que adquirir agua desalada, lo que haríamos sería almacenarla y mezclarla con el agua de pozo para mejorar su calidad y reducir su precio, para no tener que llegar a aplicarle al ciudadano el coste del incremento del agua al que condenó el anterior gobierno municipal».

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