Un pleno del Ayuntamiento de Benicàssim el lunes abordará la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para reducir el tipo de gravamen en el 2020.

De este modo, pasaría del 0,560 actual al 0,555, siendo de los más bajos de la provincia. En el 2011 se situaba en el 0,57.

Una vez entre en vigor la medida, el consistorio dejará de ingresar alrededor de 350.000 € en concepto de IBI el próximo año. De ellos, unos 133.000 serán por la rebaja del este tributo, mientras que 210.000 obedecen al final del peaje en la AP-7.

El pleno en el que abordarán estos cambios será extraordinario. Para que entren en vigor el 1 de enero del 2020 tienen que estar publicados en diarios oficiales antes del 31 de octubre.

En este 2019 los ingresos por las contribuciones ya han disminuido en 530.000 euros, al aplicar un coeficiente reductor del 0,97%, que revierte no solo en pagar menos por este tributo sino también en la reducción en el IRPF.

Deuda a cero

Desde la administración local señalan que en la actualidad gozan de una economía saneada tras haber logrado dejar la deuda con los bancos a cero.

Los 3,6 millones de euros del último crédito –que solicitaron para la adquisición definitiva de los terrenos del recinto de conciertos de festivales– se amortizaron con un pago único con cargo a los remanentes de tesorería.

El consistorio dispone a día de hoy de un colchón que ronda los siete millones para nuevas inversiones, y que se sumará al capital del presupuesto para el nuevo ejercicio.

Entre las prioridades se encuentra la prolongación del vial CV-149, la construcción de un edificio polifuncional, la creación de una sede de la Policía Local, y la puesta en marcha de Villa Elisa y del centro especial de atención al mayor (CEAM).

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La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, ha asegurado que el Ayuntamiento amortizará el préstamo solicitado de 3,6 millones de euros para la compra del recinto de festivales «antes de acabar el año».

La munícipe ha explicado que el «saneamiento económico del consistorio» va a permitir que se liquide el crédito para la adquisición de estos terrenos «en menos de un año», lo que conllevará que al cierre del 2019 «Benicàssim siga en deuda cero».

Además, ha adelantado que el buen escenario económico también posibilitará «invertir este año 4,4 millones en proyectos prioritarios«.

«La gestión económica municipal ha sido tan rigurosa y equilibrada que la liquidación del presupuesto ha dado el mejor resultado de la historia de Benicàssim, lo que nos va a permitir no solo tener presupuesto extra para poder acometer inversiones prioritarias, sino además, destinar una importante suma a la amortización de deuda», ha indicado.

«Deuda heredada»

«Ya que en 2018 conseguimos amortizar totalmente los 17 millones de euros que heredamos del anterior gobierno del tripartito, ahora ya solo quedaba pendiente la reciente operación de crédito para el recinto de festivales, que asciende a 3,6 millones y que podremos liquidar íntegramente dentro de este mismo ejercicio», ha afirmado la primera edil.

Marqués ha querido felicitar al departamento de Intervención por su destacable labor para hacer posible las directrices que había marcado el equipo de gobierno.

«Sanear la economía municipal»

«Cuando accedí a la alcaldía y, teniendo en cuenta la nefasta situación económica que tenía el ayuntamiento, casi al borde de la quiebra y la fuerte crisis económica global, lo que quisimos desde el equipo de gobierno fue sanear la economía municipal».

«No queríamos que los ciudadanos sufrieran la pérdida de servicios ni derechos, por eso nuestra premisa ha sido siempre, la moderación y el equilibrio«, ha señalado.

La alcaldesa se ha mostrado satisfecha por esta «gran noticia que permite a los benicenses saber que el dinero que aportan a las arcas municipales está bien gestionado y con capacidad para mejorar su ciudad y su calidad de vida».

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El Ayuntamiento de Benicàssim ya dispone de los 3,6 millones de euros para proceder a la expropiación de los terrenos del recinto de festivales, a la espera de concluir el plazo de alegaciones.

El consistorio adjudicó el préstamo al Banco Sabadell, «a tipo variable, al ser el que ofrecía el valor más bajo y mejores condiciones, con el euríbor a 12 meses más el 0,57, con revisión anual y sin comisión de apertura ni de cancelación», según informó el edil de Urbanismo, Carlos Díaz.

El crédito se ha solicitado a 15 años, con cuotas anuales de 240.000 euros, según apuntó el edil.

Aunque aclaró que la intención es amortizarlo en un plazo breve de tiempo, «gracias a los remanentes y buena situación económica de las arcas públicas».

Continúa el proceso de alegaciones

El Ayuntamiento continúa inmerso en el proceso de alegaciones. Una vez resueltas será cuando se pueda realizar la firma y el acta de ocupación y pago.

La decisión de adquirir definitivamente el suelo, que contempla unos 130.000 m2 del plan especial, más otros cerca de 100.000 m2 que podrían sumarse, responde a la intención del equipo de gobierno de ahorrar en alquileres, tras 20 años negociando contratos con los cerca de 40 dueños; garantizar la continuidad de los festivales y poder invertir en infraestructuras fijas que mejoren y optimicen este espacio.

Para el verano

El ejecutivo local espera que la operación pueda estar cerrada para este verano, previamente a la celebración del FIB, el primer gran evento previsto en el recinto de conciertos.

Antes llegará el SanSan, esta Pascua, fecha para la que todavía está en vigor el contrato de alquiler del 2018.

La principal discrepancia que están manifestando hasta el momento los propietarios de las parcelas es con el precio, tal y como trasladaron también a este periódico.

No están de acuerdo con la valoración efectuada. Pero esta cuestión deberá ser recurrida al tribunal de expropiación.

Los informes encargados por el consistorio determinaron pagar 12,14 euros por m2.

Díaz considera que el justiprecio está «bien valorado». Para determinarlo encargaron dos estudios por vías distintas, uno agrícola y otro por los espectáculos que se realizan y se escogió «el más elevado», aseguró.

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La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, ha adelantado las primeras cifras que hacen balance del cierre del ejercicio económico 2018.

Marqués se ha mostrado muy satisfecha con los resultados puesto que “un año más vamos a presentar un balance económico positivo, en el que no solo hemos podido amortizar toda la deuda pendiente del ayuntamiento, sino que además, el resultado al cierre del ejercicio contable tiene un saldo positivo”.

En concreto, en la liquidación del presupuesto, el resultado de las cuentas arrojan un resultado presupuestario positivo entre ingresos y gastos de 8.736.266,32 euros; siendo el resultado del superávit presupuestario, según la contabilidad actual europea del 4,4 millones de euros.

Una cifra que ha sido posible gracias a dos factores muy importantes, como ha detallado la alcaldesa, “en primer lugar al buen hacer de los técnicos que siempre guían el presupuesto con moderación y que siguen la premisa que se marcó desde el equipo de gobierno en este mandato y que era la contención del gasto y el saneamiento de las cuentas municipales».

«Y, en segundo lugar, el dinamismo económico de nuestra ciudad que, afortunadamente, a pesar de que la macroeconomía está tensionada, en nuestra ciudad hemos sabido recuperar la actividad y posibilitar que las familias mejoren su capacidad económica», según la munícipe.

Marqués ha adelantado que, a partir de este momento, «nos ponemos a estudiar las indicaciones del Ministerio de Hacienda para saber en qué medida y con qué finalidad se pueden distribuir los fondos provenientes del superávit y los remanentes».

«De hecho, el equipo de Intervención ha mostrado la necesidad de ser muy prudentes a partir de ahora, ya que al no haberse aprobado los presupuestos generales del Estado, no se sabe si se podrán financiar Inversiones Financieramente Sostenibles en este ejercicio, porque todo quedará a expensas de la decisión del Estado interino».

De hecho, como también ha apuntado la alcaldesa, el remanente de tesorería de gastos generales, asciende a 14,1 millones de euros, de los cuales, se va a poder afrontar proyectos e iniciativas para el municipio que tendrán el respaldo económico que se necesite.

La primera edil ha recordado que cuando «accedí a la alcaldía hace ocho años, el estado de la cuentas municipales era lamentable, con más de 17 millones de euros en préstamos y con 1,5 millones de euros en pequeñas facturas que se debían a proveedores locales».

«Esa situación, no solo se ha revertido por completo, sino que además, hemos conseguido darle la vuelta a esa circunstancia y me atrevería a decir que somos el ayuntamiento con mejores condiciones económicas de la provincia», ha concluido.

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Para ello, «nos hemos concentrado en que todo el inmueble contará con las dotaciones y recursos más modernos e innovadores«, ha destacado la alcaldesa, Susana Marqués. «Y, mientras se han ido ejecutando las obras, hemos estado trabajando en preparar el camino del futuro de actividad y dinamización de la villa», ha señalado.

La munícipe ha podido comprobar este jueves la «gran capacidad, flexibilidad y calidad de los espacios y acabados de esta villa» en la visita realizada en la recta final de las obras junto al presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner ; el vicepresidente y diputado de Cultura, Vicent Sales; el concejal de Cultura, Javier Alonso; y el edil de Urbanismo, Carlos Díaz.

Además, la alcaldesa ha especificado que en la rehabilitación del edificio se han incorporado todas las dotaciones de servicios telemáticas y tecnológicas para convertir Villa Elisa en un verdadero edificio inteligente, desde un cableado completo del inmueble hasta la instalación de alumbrado inteligente o cerraduras que se activan con tarjetas programadas ad hoc para su uso y seguridad.

Recta final de las obras

Por su parte, Moliner ha indicado que en el transcurso de la visita “hemos comprobado el avanzado estado de las obras, muy cercana ya su finalización«.

«El grado de satisfacción es extraordinario. Hoy tenemos un espacio privilegiado, un contenedor que va a poder albergar iniciativas culturales de primer nivel y que va a ser un auténtico dinamizador de todo este entorno de las villas de Benicàssim», ha recalcado el presidente.

«Estaremos al lado del ayuntamiento para poder trabajar en el futuro y hacer posible que las actividades que aquí se lleven a cabo sean al nivel del espacio que las acoge y ya con muchas ganas de ver cómo se culminan esos últimos retoques para finalizar las obras y que podamos, con ello, abrir las puertas de Villa Elisa al futuro de prosperidad para Benicàssim», ha afirmado.

Los trabajos realizados a lo largo del 2018, con una inversión cercana a los dos millones de euros y cofinanciada por las dos instituciones, también se han centrado en el exterior del emblemático edificio, donde se abrirá una cafetería y, además, se ha adecuado todo el jardín, con itinerarios adaptados para personas con movilidad reducida.

«Era imprescindible para nosotros que todo el edificio estuviera adaptado para poder acoger, como público o actor, a cualquier persona con independencia de sus cualidades personales. Así, comenzando por el exterior y hasta llegar a la última planta, las personas con movilidad reducida pueden realizar un itinerario que no solo les muestre el jardín y sus maravillosos rincones, como una terraza para la cafetería frente al mar, sino también el interior del palacete, al que se accede con un ascensor adaptado«, ha explicado la alcaldesa.

Datos del proyecto

El proyecto de rehabilitación de Villa Elisa fue redactado por los arquitectos José Ramón Torno, Carlos Ortega y Aleksandra Mrdja, con la participación como asesor emérito de Manuel Portaceli, el redactor original del primer proyecto.

Los trabajos se han desarrollado con el objetivo primordial de respetar la singularidad de este edificio construido en 1943; pero, al mismo tiempo, dotándolo de los espacios y áreas de gestión y trabajo necesarios para convertirlo en un lugar de referencia para usos múltiples.

El plan ha contemplado la actuación sobre toda la parcela de una superficie total de 4.263 m2 y los dos edificios que cuentan con una superficie construida entre ambos de casi 2.000 m2.

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Así lo ha dicho el portavoz de la coalición, Joan Bonet, quién ha indicado que «a lo largo de todos estos años la gestión del equipo de Gobierno del Ayuntamiento, comandado por la señora Susana Marqués, ha sido de abandono total, sin buscar una solución consensuada y satisfactoria para todas las partes implicadas: propietarios de los terrenos, Ayuntamiento y organizadores de festivales».

El procedimiento que ha comenzado el Ayuntamiento de Benicàssim «es el de expropiación forzosa conjunta de carácter urgente», según ha afirmado el portavoz de Compromís.

«Han dejado que el asunto se vaya enquistando hasta crear un clima de excepcionalidad calculada. Esto no es aceptable, puesto que se quiere imponer la peor y más traumática solución de todas, especialmente para los propietarios actuales, sin haber buscado durante estos años ninguna otra solución viable», ha lamentado el edil.

Según Bonet, «el equipo de gobierno del PP no está teniendo en cuenta los derechos de los propietarios ni tampoco contempla ningún tipo de diálogo con ellos, ni con los partidos políticos de la corporación, ni tampoco con los agentes implicados directamente con el problema».

«Lo hacen todo con mucha prisa porque quieren finalizar el expediente antes de disolverse la actual corporación en mayo del 2019 (cuando se celebrarán elecciones municipales). Esto políticamente es de una irresponsabilidad sin límites, puesto que deja atado de pies y manos al nuevo consistorio, que no tendrá margen de poder modificar la decisión del mismo», ha asegurado el portavoz de Compromís.

Desde el partido se ha indicado que la modificación de crédito aprobada en el pleno extraordinario y urgente del pasado lunes 15 de octubre fue para pedir un préstamo de 3,6 millones de euros, «que irá seguido por una apertura de expediente de expropiación del recinto de festivales, haciéndose una valoración de sólo 12 euros por m2, como si fuera solar de cultivo de secano sin infraestructuras de regadío y apoyado por un supuesto informe externo que no se nos ha facilitado».

Discrepancias con el precio

«Consideramos que este valor está muy por debajo del valor real de los terrenos si tenemos en cuenta que el uso que se le ha dado en los últimos 20 años es de festivales, no de cultivo de secano. Además, del total de la superficie que se quiere expropiar (130.000 m2 que puede subir hasta 210.000 m2), 40.000 m2 tiene la calificación de dotacional de uso recreativo, con un valor catastral de 160 euros por m2, y esto ya se puede considerar un valor objetivo a la hora de determinar el valor real de los terrenos», ha señalado Bonet.

«Por lo tanto, el coste real del capricho de expropiación del Gobierno del Ayuntamiento actual, muy probablemente acabe subiendo a 7 millones de euros más de los que hasta ahora están reconociendo. Cualquier proceso judicial tiene muchas probabilidades de dar la razón al demandante, a los propietarios en este caso, a la hora de pedir un precio justo de expropiación», ha declarado el portavoz.

El concejal de Compromís también ha indicado que «no se ha hecho ninguna consulta a la ciudadanía para saber la opinión de la gente de Benicàssim». «Despilfarrar cerca de 11 millones de euros (44% del presupuesto anual) del erario público de todos los benicassuts en la expropiación para que se celebren festivales ¿es un gasto adecuado y que se ajusta a las prioridades del municipio?», se ha preguntado Bonet.

Para el portavoz el municipio tiene otras inversiones pendientes más importantes y preferentes. «También tenemos que tener en cuenta que estos terrenos son rústicos de uso dotacional para espectáculos. Si los festivales deciden un buen día irse a otro lugar, el Ayuntamiento se quedará en propiedad 210.000 m2 de solar rústico sin poder darle ninguno otro uso que no sea lo de espectáculos. No hay nada que les impida hacerlo, porque la actual alcaldesa no ha firmado ningún convenio durante estos años con ellos».

Desde Compromís por Benicàssim se considera «inaceptable toda esta situación, no sólo por el atropello en los derechos que supone la expropiación forzosa para los propietarios afectados, sino también por el despilfarro de las arcas públicas».

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El portavoz del grupo municipal de Compromís considera que, por esta razón, «deberían tener el máximo consenso posible» entre las diferentes fuerzas políticas que conforman la corporación.

Un centro cívico en la zona sur

Entre las diferentes inversiones, desde Compromís destacan la necesidad de construir un Centro Cívico en la zona de Benicàssim Sur, «ya que cada vez vive más gente durante todo el año y, en cambio, está en una situación de abandono total por parte del actual Ayuntamiento».

Bonet ha indicado que el centro cívico permitiría realizar reuniones de vecinos y hacer gestiones con la administración pública, además de dar cohesión social y territorial a la zona.

Canalización de pluviales

Desde la coalición también consideran «urgente» canalizar las pluviales en la avenida Ferrandis Salvador, en la zona de Heliópolis; y urbanizar varias calles.

Viviendas sociales

Bonet también plantea que Benicàssim disponga de viviendas sociales disponibles para casos de necesidad del vecindario que «por circunstancias particulares o causas de fuerza mayor, se quede repentinamente sin su hogar, hasta que se encuentre solución definitiva y tenga donde reubicarse».

Por esta razón, la coalición pide que una parte de las inversiones deberían destinarse a adquirir viviendas para este fin.

Un skatepark

Construir un skatepark «viable» en que se puedan realizar campeonatos oficiales es otra de las inversiones que reclama la coalición. Bonet ha afirmado que las «políticas de juventud han sido las grandes ausentes durante la actual corporación municipal».

Esta infraestructura, indican desde la coalición, permitiría abrir un nuevo nicho de mercado turístico y permitiría ampliar los acontecimientos ligados a los festivales.

Mejorar el apeadero de trenes

Otra inversión que plantean desde Compromís es mejorar la zona del apeadero de trenes, «mal conocida como estación, porque se encuentra en un estado deplorable, tanto por la falta de indicaciones, por la falta de luz y por la falta de información útil para el visitante».

Al mismo tiempo, Bonet pide una interconexión con el autobús urbano, que pueda unir el apeadero con todos los puntos del término municipal.

El portavoz considera «absurdo» que un municipio de 18.000 habitantes, en el que el turismo es uno de los pilares de la economía, no disponga de una estación y se tenga que conformar con un apeadero».

«Esta situación nos penaliza en cuanto al número de paradas y los servicios que podría ofrecer una estación como es debido», ha señalado Bonet, quien ha responsabilizado al equipo de gobierno «por no haber conseguido cambiar esta situación».

Rebajar el tipo de gravamen del IBI

Entre otras medidas, la coalición también plantea rebajar el tipo de gravamen del IBI. El edil ha culpado «al equipo de gobierno del PP, con el apoyo de Ciudadanos y el PSOE, de haberlo incrementado hace tres años. En este sentido, Compromís pide volver al 0,526%, tal como se encontraba antes de este aumento».

Nuevas sendas de montaña y un polifuncional

Desarrollar nuevas sendas de montaña y la construcción de un edificio polifuncional, junto a la actual apeadero de tren, son otras inversiones a destacar de una lista de hasta 23 propuestas de inversiones y que suman más de 2,6 millones de euros.

El portavoz, finalmente, ha indicado que desde el grupo de Compromís «confíamos en que se tengan en cuenta en los presupuestos del año que viene».

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El punto salió adelante con los votos a favor de PP, ARB, PSPV y Ciudadanos, y en contra de Compromís y Ara. La medida llega tras la celebración de otra sesión plenaria en la que se acordó, como primer paso, abrir una partida económica para este crédito.

El consistorio pretende con esta acción poner fin al pago de alquileres que lleva acometiendo desde hace 20 años para la utilización de este espacio y a la inseguridad que produce no tener garantías de su disponibilidad a medio-largo plazo. Y es que estas parcelas pertenecen a más de 40 propietarios particulares.

También hay una necesidad de invertir en infraestructuras fijas, así como la voluntad de organizar eventos todo el ejercicio.

La alcaldesa, Susana Marqués, destaca que los festivales suponen «la creación de más de 2.500 puestos de trabajo y un impacto económico por encima de los 100 millones de euros, ya que atraen cada año a cerca de medio millón de visitantes».

«Por tanto, que el municipio consolide por fin los terrenos va a permitir no solo afianzar la celebración de los macroeventos, sino también generar nuevas oportunidades», detalla.

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La sesión, con un único punto del orden del día, aprobó la apertura de una partida económica que se prevé dotar de 3,6 millones de euros a través de la solicitud de un crédito bancario para comprar los terrenos del recinto de conciertos.

El Ayuntamiento inicia así los trámites necesarios para adquirir de manera definitiva estas parcelas privadas, que hasta ahora se alquilaban, y que pasen a ser de propiedad municipal.

También supone el primer paso desde la moción que se aprobó por unanimidad el pasado mes de julio para la adquisición de los terrenos. Aunque esta vez –este lunes– el punto salió adelante con los votos a favor del PP, ARB, Ciudadanos y PSPV; y en contra de Compromís y Ara.

Tasación conjunta

El objetivo del consistorio es comprar los 133.000 m2 que forman parte del Plan Especial de Festivales del 98, que fue ampliado en el 2013. Será mediante un procedimiento de «tasación conjunta, con un justiprecio», según explicó la alcaldesa, Susana Marqués. «Los propietarios podrán presentar alegaciones si no están de acuerdo», dijo.

En cuanto al precio, los 3.600.000 euros que prevén que podrían costar estos terrenos, “es el que nos han dado los informes técnicos y el mínimo necesario para poder iniciar cualquier adquisición», aclaró la munícipe.

La decisión se toma en un momento en el que las negociaciones entre el Ayuntamiento y algunos de los propietarios se han ido complicando en los últimos años. De hecho, el último contrato de alquiler se firmó in extremis, justo antes de la celebración del FIB, y solo para un año.

Es precisamente en este último trimestre del año cuando debían retomarse las conversaciones con los dueños para tratar de llegar a un acuerdo en los contratos de alquiler, tal y como quedó establecido en el último convenio. Aunque hay discrepancias con el precio por m2 entre Ayuntamiento y algunos dueños. Lo que complica también la posibilidad de hacer contratos a largo plazo, de 10 años.

Inversión en infraestructuras

Marqués señaló que la intención es «garantizar un recinto municipal estable, para poder hacer, además, las inversiones necesarias que hoy por hoy (al ser privado) no podemos hacer, como en aseos, camerinos, escenarios…, que nos posibilite el poder hacer certámenes todo el año y no solo en verano». «Tenemos un recinto obsoleto, que necesita infraestructuras», afirmó.

«También tenemos requerimientos que cumplir como la insonorización (con pantallas o barreras protectoras contra el sonido), para poder hacer compatible el descanso de los vecinos con los festivales», añadió la primera edil. «Actualmente no se pueden hacer porque el terreno no es municipal».

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Carlos Díaz (ARB), declaró que la intención es «llegar a un justiprecio, no queremos el más bajo, queremos que los dueños obtengan el precio más razonable».

Díaz defendió que no es viable continuar más años con los alquileres, como se está haciendo desde que en el 98 se trasladara el macroevento musical del velódromo al actual recinto, por su crecimiento.

«Cada seis años hemos pagado aproximadamente lo que cuesta comprarlo», dijo, tras más de 20 años de alquileres. Quien incidió que, además, ha habido parcelas cuyo precio se ha subido considerablemente, pasando «de empezar a alquilarse por 18.000 euros a 68.000 y 120.000 euros, por la extorsión de unos propietarios».

Las parcelas del recinto pertenecen a más de 40 dueños distintos, lo que hace difícil lograr acuerdos con todos. Y, según dijo Díaz, «basta con que uno no esté de acuerdo» para no poder seguir adelante, si ese terreno es necesario.

Partidos como Ciudadanos y PSPV dieron su apoyo ayer en el pleno votando a favor, aunque pidieron «más contacto» y obtener «información directa de las reuniones con los propietarios».

El portavoz socialista, Miguel Alcalde, manifestó que los festivales «para nosotros son positivos y han sido importantes en el desarrollo del nombre de Benicàssim más de 25 años».

«La multipropiedad que hay dificulta unos contratos estables», reconoció. Aunque indicó que la cantidad de 3.600.000 euros «nos ha parecido baja, pero tendrá que ser el tribunal económico administrativo el que fije el valor real, no lo vamos a discutir y nos sujetamos a lo que dice el arquitecto municipal».

Compromís y Ara, en contra

Desde Compromís –que votaron en contra–, el portavoz, Joan Bonet, criticó las formas en las que se está llevando a cabo esta operación. «Siempre hemos recalcado que estamos de acuerdo en la celebración de festivales. Pero, en este caso concreto, pedimos reuniones con los propietarios a nivel corporativo y no se les ha citado a todos para ir gestionando durante todos estos años una solución».

«En todos estos años no se ha hecho nada para solucionar el problema» y «ahora nos encontramos con que se tiene que hacer por vía urgente y no nos han dado informes».

Al respecto, Marqués argumentó que es ahora cuando el consistorio tiene saneadas sus cuentas, con deuda cero, para poder pedir un préstamo y hacer frente a este pago. Antes, considera que hubiera sido ahogar más la economía del Ayuntamiento. Y recordó que grupos como el de Compromís, antes Bloc, también estuvieron en gobiernos anteriores, «que tampoco hicieron nada».

Bonet también difiere en el coste de los terrenos. Cree que el precio sería mucho mayor y que sería el equivalente a «unos 75 años de alquiler».

Desde Ara, que también se postularon en contra, Manolo Begués consideró que esta maniobra «no garantiza los festivales», pues «no incluye los terrenos de las acampadas y los aparcamientos». Argumentó que lo primero sería «ver informes técnicos y jurídicos» y «reunirnos con todos los propietarios para negociar».

También apuntó que «no hay suficiente con este dinero» y que antes «hay que agotar otras vías».

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Como ya se ha expresado en otras ocasiones, «Benicàssim va a seguir reivindicando que se le exima del pago de la amortización de la obra de una planta que ahora no es necesaria y que, además, en otros lugares, como en el caso de las plantas de Cataluña, fue asumida por el Gobierno de España íntegramente».

«Que el Ayuntamiento de Benicàssim, sin necesitarlo, tenga que pagar más de 73 millones de euros, es completamente injusto».

Marqués ha recordado que las obras de las desaladoras «las puso en marcha el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero y que fue el anterior alcalde, Francesc Colomer, quien firmó unos condicionantes que ahora nos lastran económicamente y condenan a los ciudadanos a tener que pagar más cara el agua sin que haya necesidad».

«Herencia envenenada»

El convenio de la construcción de esta desaladora se firmó en el 2008 y en éste, como se comprometió el anterior gobierno municipal tripartito, Benicàssim pedía recibir al año 12.000 metros cúbicos de agua al día. Con esas previsiones, Benicàssim se abastecería únicamente de agua desalada y, eso, a los vecinos les supondría un incremento de casi el 300% en el recibo del agua.

Además, en el convenio se estipulaba también que Benicàssim debía pagar el 18,58% de los costes de construcción de la desaladora, lo que supone que Benicàssim está obligada a devolver más de 73 millones de euros en 25 años. Eso significa que al año, solo de amortización de esa deuda heredada, Benicàssim deberá pagar 800.000 euros.

Nueva negociación para buscar ventajas

«Durante los últimos años, el consistorio ha estado en constante contacto y negociaciones con Acuamed a la búsqueda de una nueva negociación que rompa con esta herencia que lastra económicamente el municipio y a sus ciudadanos», ha explicado la alcaldesa.

«Queremos que el ministerio asuma el coste de la obra y no nos obligue a pagarlo. Así se hizo en muchas plantas de Cataluña y creemos que Benicàssim, Oropesa y Cabanes no deben ser menos. No somos ciudadanos de segunda, no es justo que nos obliguen a pagar una obra que no nos hace falta y que, además, en otros lugares, sí financió el ministerio», ha dicho Marqués.

El municipio de Benicàssim consume poco más de 4 millones de metros cúbicos al año y se abastece de pozos, sin que una aportación extraordinaria sea necesaria en estos momentos.

En todo caso, como ha explicado Marqués «de tener que adquirir agua desalada, lo que haríamos sería almacenarla y mezclarla con el agua de pozo para mejorar su calidad y reducir su precio, para no tener que llegar a aplicarle al ciudadano el coste del incremento del agua al que condenó el anterior gobierno municipal».

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