Consideran que es «una placa donde se representan las comarcas del dominio lingüístico». Por tanto, defienden «frente a las declaraciones del PP y Vox», que se trata de un mapa «lingüístico».

Apuntan en el texto que hay una «utilización política» por parte de «aquellos que quieren aprovechar la actual situación para obtener votos».

Además, señalan que «como mapa lingüístico que es (se le podría haber puesto otro nombre como ahora domini lingüístic) habrá que respetar a las autoridades académicas en la materia (universidades, RAE y AVL)».

Recuerdan que «en reiteradas ocasiones el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la denominación académica de nuestra lengua» y que hay que «acatarlo». Y afirman que está «desde que el PP gobernaba en el área de Cultura de la Generalitat».

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Benicàssim debate estos días cuándo se colgó el mapa de los Països Catalans en el IES Violant de Casalduch y quién era el responsable del centro tras reclamar el Ayuntamiento su retirada.

Dos partidos, PP y PSPV, se culpan de forma cruzada. Por un lado, el portavoz socialista, Miguel Alcalde, manifestó ayer en un comunicado: «El plano que ahora tanto les molesta fue colocado en 1999, durante el primer gobierno de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat, como muy bien les podrá informar al respecto el vicepresidente de la Diputación, Vicent Sales, que ya entonces era profesor de este instituto».

«Sales fue director entre los años 2001 y el 2004 y, por lo que se ve, no le debió parecer mal que fuera adoctrinador, porque lo mantuvo en su lugar y no ordenó la retirada», añadió Alcalde.

Al respecto, el popular aseguró a este periódico: «Nunca lo vi en los nueve años que estuve en el centro, ni mientras fui profesor, desde 1998 hasta el 2007, ni como directivo. Y si estaba, no a la vista». Según le han trasladado, el documento podría llevar allí unos 10 años, desde que se instauraron las aulas temáticas, cuando se optó por colocarlo en la clase dedicada al valenciano.

Por aquel entonces, el máximo mandatario era el actual director territorial de Educación, Robert Roig, que estuvo al frente del Violant entre el 2004 y el 2015.

Sales afirmó que en este tema «hay que dejar de marear la perdiz con el año en que se puso y quitarlo, porque se trata de algo ilegal y adoctrinador».

Mientras, Alcalde remarcó que hay que dejar «a la directora y a la comunidad educativa que tomen la determinación». Y subrayó que es «un mapa lingüístico», tal y como defiende también Joan Bonet, de Compromís.

Desde Ciudadanos piden «celeridad en la investigación y llegar al fondo».

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El concejal de Educación del Ayuntamiento de Benicàssim, Javier Alonso, ha remitido una carta a la Conselleria de Educación y a la dirección del IES Violant de Casalduch, exigiendo la retirada de un mapa político que se encuentra colgado en el centro y en el que se incluye a la Comunitat Valenciana dentro dels Països Catalans.

Alonso ha manifestado que han sido «numerosos los padres de alumnos los que se han dirigido al consistorio poniéndonos en conocimiento la presencia de este mapa y pidiéndonos que actuemos ante esta irregularidad grave».

«Consideramos que un centro educativo debe y está obligado a transmitir el conocimiento de una manera aséptica, científica y seria; por lo que hacer alusiones a temas políticos, como son las aspiraciones territoriales de ciertos colectivos, solo denota una falta de criterio en su vocación de educadores”, ha declarado.

El concejal le ha recordado a la Conselleria y a la dirección del centro que esa distinción territorial «no se recoge en ningún documento y contraviene no solo el estatuto de la Comunitat Valenciana, sino también la Constitución y que, por tanto, hay motivos legales más que suficientes para proceder a una retirada inmediata».

Además, Alonso ha pedido a la Generalitat que realice una investigación y un informe sobre quién lo colocó y cómo fue posible que un mapa de estas características apareciera en un centro educativo que debe ser apolítico.

“No queremos que nadie, ni en un sentido ni en otro, adoctrine a nuestros jóvenes. La libertad de enseñanza significa también el derecho a aprender sin manipulaciones por parte del profesorado. El adoctrinamiento es un fenómeno vejatorio para la libertad del alumnado y de las familias que solo aspiran a que sus hijos se formen con amplitud de miras y con derecho a decidir”, ha señalado.

El edil ha adelantado también que, de no tomarse una acción inmediata de retirada e investigación, así como de auditoría de lo que en este sentido está sucediendo en el centro, «se pondrá el caso en manos de la justicia».

«Porque ante todo prevalece la libertad de los menores que acuden al centro y deben tener garantías de que su educación se enmarca en el estado democrático y constitucional en el que vivimos”, ha afirmado.

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