El pleno del ayuntamiento de Benicàssim sacó adelante el viernes la renegociación del convenio que el consistorio tenía suscrito con Acuamed desde el año 2008 para la puesta en marcha de la desaladora de Oropesa que debe dar servicio a los municipios de Benicàssim, Oropesa y Cabanes.

El nuevo texto aprobado en el pleno municipal del viernes ha permitido la activación de la desaladora de Oropesa, que de este modo se ha podido poner en funcionamiento este sábado (un día antes del plazo máximo) para así cumplir con los compromisos europeos.

«Lo que salva a nuestro país de devolver las ayudas de la UE para la construcción y puesta en marcha de estas desaladoras que se firmó en 2008», han recordado desde el equipo de gobierno.

La alcaldesa, Susana Marqués, ha señalado que con la renegociación del nuevo acuerdo revisado, «el ayuntamiento ahorrará 1.075.000 euros al año, lo que significa que no solo ahorrará el ayuntamiento, sino también los ciudadanos».

Un convenio que era «perjudicial»

Marqués ha recordado que el convenio de 2008 «que firmó el anterior gobierno del tripartito, obligaba al consistorio a aportar unas cantidades económicas desorbitadas que lastraban la economía municipal y perjudicaban gravemente a los vecinos, ya que hubiera supuesto casi triplicar el precio del agua para los vecinos«.

«Durante todos estos años se ha llevado un duro trabajo técnico y político para negociar aquellas nefastas condiciones y que evitara pagos que eran injustos con la ciudadanía y con el municipio», ha señalado.

En el pleno, Partido Popular, ARB y PSOE, han respaldado el nuevo texto, mientras que Compromís, Ciudadanos y Ara Benicàssim han votado en contra, «una decisión que en estos momentos, de no haber obtenido el convenio el respaldo suficiente, hubiera condenado a los vecinos a pagar el triple por el agua», han indicado desde el equipo de gobierno.

La munícipe ha recordado que se han mantenido «reuniones casi mensuales y siempre se ha luchado por obtener las mejores soluciones para la ciudad de Benicàssim».

«Máxime si cabe, con una desigualdad manifiesta hacia nuestra ciudad ya que, mientras en Cataluña y en otras comunidades autónomas como Andalucía, las desaladoras que se construyeron en la misma época fueron costeadas íntegramente por el Gobierno de Zapatero, a Castellón se nos castigó obligando a asumir por parte de los ayuntamientos, el coste de la amortización de la obra», ha lamentado.

Los acuerdos contenidos en la revisión del convenio suponen, entre otros, «evitar un coste injusto a los vecinos pero, al mismo tiempo, seguiremos reivindicando al Estado el pago de la desaladora, como en otras provincias», ha añadido Marqués.

Costes de mantenimiento

Asimismo, también «se ha conseguido también una reducción de los costes que se le atribuían al ayuntamiento en concepto de gastos fijos del funcionamiento de la planta, como personal, energía, vehículos, mantenimiento, entre otros, y que con el convenio anterior, también castigaban al ayuntamiento con 350.000 euros al año«.

«Con la renegociación, el coste que tendrá que asumir el ayuntamiento ahora será de 75.000 euros«.

Marqués se ha mostrado satisfecha con el acuerdo: «Creo que las decenas de reuniones para renegociar aquel convenio dañino y lesivo con la ciudad de Benicàssim han sido positivas».

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La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, ha informado de la renegociación del convenio que el consistorio tenía suscrito con Acuamed desde el año 2008 por el anterior alcalde, Francesc Colomer.

En el nuevo acuerdo revisado el ayuntamiento ahorrará 1.075.000 euros al año, según ha señalado.

Marqués ha explicado que el convenio de 2008 «condenaba al consistorio a hacer frente a unas exigencias económicas que lastraban la economía municipal y perjudicaban gravemente a los vecinos».

«Tras las negociaciones, hemos conseguido un acuerdo en el que el ayuntamiento y la ciudad de Benicàssim sale beneficiada al evitarse pagos que considero que eran injustos con la ciudadanía y con el municipio».

La alcaldesa ha detallado que, mientras «en Cataluña y en otras comunidades autónomas como Andalucía, las desaladoras que se construyeron en la misma época fueron costadas íntegramente por el Gobierno, a Castellón se nos castigó obligando a asumir por parte de los ayuntamientos el coste de la amortización de la obra».

Los acuerdos contenidos en el nuevo convenio suponen, entre otros, «evitar un coste injusto a los vecinos pero, al mismo tiempo, seguiremos reivindicando al Estado el pago de la desaladora, como en otras provincias», ha añadido Marqués.

Reducción de los gastos de funcionamiento

Como también ha manifestado Marqués, en el acuerdo que se ha negociado con Acuamed, se ha conseguido también una reducción de los costes que se le atribuían al ayuntamiento en concepto de gastos fijos del funcionamiento de la planta, como personal, energía, vehículos, mantenimiento, entre otros, y que con el convenio anterior, también castigaban al ayuntamiento con 350.000 euros al año.

Con la renegociación, el coste que tendrá que asumir el ayuntamiento ahora será de 75.000 euros, según la primera edil.

La munícipe se ha mostrado satisfecha con el acuerdo: «Creo que las decenas de reuniones para renegociar aquel convenio dañino y lesivo con la ciudad se Benicàssim han sido positivas«.

El nuevo texto del convenio debe aprobarse por pleno municipal antes de la puesta en marcha de la desaladora de Oropesa que se prevé para el 30 de marzo.

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Es la primera cantidad que consigna el consistorio para la nueva infraestructura y se ha previsto «para arrancar «, según explica la alcaldesa, Susana Marqués, «ya que nos han informado que se pondrá en marcha el 1 de marzo«.

Y es que de no ser así y activarse antes de la última moratoria de la Comisión Europea, el Gobierno central tendría que devolver 18 millones de euros a la Unión Europea como indemnización por las ayudas concedidas para su construcción.

Tras años de negociaciones, por un lado para adaptar la cantidad del agua a la que realmente necesita actualmente el municipio; y, por otro, para renegociar la amortización de las obras de la infraestructura, parece que la desaladora comenzará a funcionar.

En la última propuesta de Acuamed enviada a los consistorios implicados parece que «han atendido nuestras demandas, ante el plante de los alcaldes», según indica la munícipe. Los técnicos están revisándola exhaustivamente y si dan el visto bueno su aprobación se elevará a un próximo pleno.

En este último acuerdo, que parece ser el definitivo, Acuamed ha cedido a suministrar a Benicàssim las cantidades que realmente necesita, teniendo en cuenta los meses con más demanda del verano, y sustituyendo a las que se habían establecido inicialmente en el convenio.

«No íbamos a pagar por agua que no necesitábamos», afirma Marqués, pues cuando se firmó se hizo en vistas de desarrollos urbanísticos como el PAI Benicàssim Golf, que quedó anulado y no ha podido ejecutarse finalmente.

«Ahora no tenemos demanda para tanta agua, ni tampoco depósito para almacenarla», añade.

También se ha conseguido otro avance en las negociaciones, como es que ahora «vamos a poder utilizar nuestros acuíferos, no solo agua desalada como establecía el primer convenio», señala la alcaldesa.

La millonaria amortización de la obra

No obstante, se trata de «un convenio transitorio», aclara Marqués, ante la urgente puesta en marcha de la desaladora, «pero no renunciamos a seguir haciendo nuestras reivindicaciones sobre la amortización de la obra».

«No renunciamos al derecho, entendemos que es un bien de interés prioritario, de uso común, entendemos que igual como en Cataluña el gobierno de Zapatero se hizo cargo, también deberían hacerse cargo de la nuestra», afirma.

Y es que el acuerdo firmado en 2006 obliga a los Ayuntamientos afectados a asumir el coste de las obras en 25 años. Entre Orpesa, Benicàssim y Cabanes deberían pagar 51 millones de euros.

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