Y es que el pleno que celebró el Ayuntamiento el pasado con carácter extraordinario aprobó abrir una partida económica para la solicitud de un préstamo con valor inicial de 3.600.000 euros con la intención de iniciar el proceso de compra de estas parcelas, tras 20 años de pagar alquileres. El punto salió adelante con los votos a favor de PP, Ciudadanos y PSPVP; y en contra de Compromís y Ara.

Otros declararon a este periódico que esperarán a hablar primero con el Ayuntamiento para conocer los detalles, pues todavía no les han notificado nada y no les han comunicado el precio. De momento, lo que saben es solo por el pleno.

Aunque reconocen haber recibido la noticia con «disgusto». «Son terrenos de nuestros abuelos, de toda la vida y no nos gustaría perderlos. Deshacerte de ellos te duele. Hubiéramos preferido consensuar un contrato a largo plazo, para 10 años».

En este sentido, se preguntan si no sería posible «comprar a los que quieran vender y con los demás hacer un contrato a largo plazo». De este modo, podrían invertir en infraestructuras fijas en las zonas municipales.

Discrepancias en los precios por m2

El Ayuntamiento trató de hacer un contrato a largo plazo el último año, como se ha hecho en ocasiones anteriores, aunque, a causa de las discrepancias en los precios por m2, se complicó y finalmente solo se firmó para un año, a falta de negociar con más tiempo las condiciones para el próximo.

Y es que, como novedad, el consistorio realizó una distinción en los tipos de suelo. Mientras antes se pagaban todos a dos euros por m2, se fijó un precio de mercado para las parcelas con infraestructuras (con vallado, agua, alcantarillado, asfaltado…) de 2,10 (aunque finalmente se pagó a 2,40, tras las negociaciones) y de 0,40 a los demás.

Según explicaron desde el consistorio, «también tienen un Impuesto de Bienes Inmubeles (IBI) diferentes, puesto que en el Catastro ya se tiene así reconocido».

Los dueños con parcelas que ahora se valoran en 0,40 piden que se tasen como todas, a 2 euros por m2. Las inversiones en infraestructuras fueron realizadas algunas por el Ayuntamiento y otras por los promotores de los festivales, en los terrenos escogidos.

En total, el suelo del recinto de conciertos pertenece a más de 40 propietarios distintos, algunos de Benicàssim, pero otros de Castellón, Valencia y Barcelona, entre otras ciudades.

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