SUCESOS
Benicàssim defiende la legalidad de los contratos con la empresa CGI
E. BELLIDO // BENICÀSSIM
Equipo de gobierno y oposición cerraron ayer filas en el Ayuntamiento de Benicàssim para defender la legalidad de los contratos que fueron requeridos el martes por tres agentes de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil durante cuatro horas dentro de la operación Térmyca, que investiga una presunta trama de corrupción con las empresas Efial y CGI en 10 provincias, y que se saldó con la detención de 11 personas en la macrooperación, ninguna en Benicàssim.
Los técnicos municipales explicaron al equipo de gobierno y a los portavoces de los partidos de la oposición los detalles de la actuación de la corporación y la “legalidad” de la documentación requerida, según trasladó la alcaldesa, Susana Marqués. Estuvo acompañada en rueda de prensa –posterior a la junta de portavoces– de los representantes del PSPV, Miguel Alcalde; y de Ciudadanos, Cristina Fernández, con la ausencia de Compromís, Ara y ARB. Aunque estos concejales no se quedaron a la comparecencia, “nadie ha cuestionado nada de los aspectos técnicos”, según señaló Miguel Alcalde.
Susana Marqués aclaró que no se realizó “ningún registro a las dependencias municipales”. “Los agentes llegaron con una petición de documentación; tampoco se ha intervenido ningún despacho; no se tomó declaración a nadie, ni se investigó a ningún funcionario, ni a ningún político”, dijo, e indicó que el cuerpo técnico del Ayuntamiento “ayudó y colaboró con máxima diligencia, rapidez y eficacia en el suministro de la documentación reclamada”.
INVESTIGACIÓN // La Benemérita buscaba, en el marco de una investigación judicial, contratos relacionados con cuatro empresas, aunque el Ayuntamiento de Benicàssim únicamente ha contratado trabajos a una de ellas, CGI, según certificó in situ el departamento de Intervención. En concreto, la gestión del cobro de impuestos desde el año 2009.
Susana Marqués indicó que los agentes abandonaron la casa consistorial “sin nuevas noticias ni peticiones al respecto, tardaron cuatro horas en fotocopiarse todos los expedientes del 2009 con todas las empresas que formaron parte de aquel proceso de contratación, y las que en el presente 2016 formaron parte del contrato de administración”.
De momento, el equipo de gobierno no se plantea rescindir el contrato. “Es todavía muy pronto. Queremos que se aclare cuanto antes y que se restituya el nombre de Benicàssim”, afirmó la primera edila. Marqués lamentó que se “haya querido convertir en un caso de corrupción una mera solicitud de información por parte de un juzgado”, y recalcó que la actuación de este equipo de gobierno y de esta alcaldesa “ha sido correcta, transparente, y que está fuera de toda duda”.
Por su parte, Alcalde reconoció haber “revisado todos los expedientes de contratación y todo está correcto. No hay motivo para la alarma. No hay ni facturas extraordinarias por servicios que no se hayan prestado, ni que estén fuera de contrato. El equipo de gobierno actual y el anterior han actuado perfectamente en este tipo de contratos”, manifestó.
Cristina Fernández, portavoz de Ciudadanos, lamentó “la mala imagen que se ha querido transmitir del municipio, que es lo más importante ahora y que habrá que restituir”.
Un solo servicio con la firma CGI
El consistorio mantiene un contrato de gestión de la recaudación de los impuestos con una firma investigada, CGI, contratada en el 2009, siendo alcalde el socialista y actual secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer. El convenio estuvo vigente seis años, como preveía su extensión máxima, con posibilidad de prórroga, hasta el 2015”. En ese año volvió a licitarse el servicio, “presentándose cuatro empresas y resultando adjudicataria de nuevo CGI”, explicó la alcaldesa, Susansa Marqués.
La UCO solicitó la facturación del 2015, estando el contrato del 2009 en vigor. Marqués puntualizó que la empresa CGI no ha cobrado todavía ninguna factura del nuevo contrato, que entró en vigor en marzo del 2016 para cuatro años. Además, “desde el pasado mes de noviembre, a iniciativa del grupo municipal Ciudadanos, se tomó la resolución de que en las mesas de contratación no debían participar los políticos, en aras de transparencia”, recordó.
REACCIONES
XIMO PUIG
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, dijo ayer que “el Consell no tiene ninguna información al respecto”. Y añadió: “Lo único que quiero es que de una vez por todas la Comunitat Valenciana deje de ser objeto de situaciones que queremos eliminar para siempre, porque es una autonomía de gente honrada, trabajadora, que ha tenido malos dirigentes en unos momentos determinados que han actuado de una manera negativa”.
JAVIER MOLINER
El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, remito a lo dicho por la alcaldesa, de quien señaló: “Me mostró toda la tranquilidad y la voluntad de aportar toda la información”. Añadió que es un tema de petición de información que los servicios técnicos han aportado. Indicó también que “hay voluntad de contribuir a tope a esclarecer cualquier cosa; no hay ningún indicio y no se saben todavía los motivos”, finalizó el presidente.
