El pleno del Ayuntamiento de Benicàssim celebrado este viernes aprobó con los votos a favor del Grupo Municipal Popular, PSOE y VOX, y la abstención de Compromís y el concejal no adscrito, solicitar al Gobierno de España la paralización de las desocupaciones de las viviendas en la costa de los municipios vecinos de la provincia de Castellón.
Asimismo, se instó al Congreso de los Diputados y al Gobierno de España a reformar la vigente Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas que permita mejorar “la conciliación entre la protección del dominio público marítimo-terrestre con los derechos consolidados de los ocupantes y el reconocimiento del valor etnológico, cultural e histórico de los núcleos de población costeros tradicionales para otorgarles protección”, tal comodclaró la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués.
Por su parte, la concejala responsable de Playas, Elena Llobell, defendió que “la batería de medidas de prevención necesarias en la costa castellonense se desarrolló en el ejercicio 2015, con un plan estratégico que establecía las prioridades y que se dotó presupuestariamente en 2017 con el Gobierno de Mariano Rajoy. Desde entonces, solo cinco se han iniciado o anunciado, la inmensa mayoría están por realizarse, lo que demuestra la falta de compromiso con nuestra provincia”.
El caso de Torre la Sal
Concretamente, los vecinos de Torre la Sal, de Cabanes, ya han recibido notificaciones, por parte de la Dirección General de Costas, en las que se les comunica que se desestiman los recursos de alzada interpuestos contra la resolución de Costas, en la que se acordaba la recuperación posesoria de sus viviendas por estar en dominio público marítimo-terrestre. Esta decisión pone fin a la vía administrativa y solo deja la posibilidad de acudir a la vía judicial para impedir el desahucio a los propietarios del centenar de viviendas que forman parte del pueblo marítimo de Torre la Sal.
Aunque las desocupaciones no comportarán beneficio medioambiental alguno al litoral, en mayo de 2021 se comenzó el procedimiento de recuperación posesoria por ocupación y uso de este espacio. En julio del mismo año, la decisión fue ratificada por el Servicio Provincial de Costas de Castellón que rechazó todas y cada una de las alegaciones presentadas por los vecinos del poblado de Torre la Sal. Entonces los propietarios presentaron recursos de alzada. Esta resolución llega tres años después de que los afectados presentaran dichos recursos y cuatro desde que recibieron, en 2021, la notificación de apertura del expediente de recuperación posesoria por parte del Gobierno.
Ahora, “los vecinos solo tienen dos meses para preparar y presentar un contencioso-administrativo contra el Ministerio, lo que supone una flagrante desigualdad para defender su propiedad privada. Se trata de una acción destructiva contraria al derecho internacional, una política que ya ha sido denunciada por el Parlamento Europeo y el propio Consejo de Estado, que han sugerido una reforma sustancial de la actual Ley de Costas, porque ha demostrado, entre otras cuestiones, no servir para proteger la Costa y haber dejado en indefensión jurídica a los ciudadanos”, señaló la concejala de Playas.
“Todo esto en base a una Ley de Costas, vigente desde 1988, que ha fracasado, generando una gran inseguridad, una profusa conflictividad social y judicial e incluso incumple las recomendaciones de revisión propuestas por las instituciones europeas. Se hace necesario proteger el dominio público en los términos del artículo 132 de la Constitución, junto con otros derechos constitucionales, como la seguridad jurídica o el derecho a la propiedad privada”, concluyó Marqués, tras indicar que, “el actual Consell de la Generalitat Valenciana ha presentado el anteproyecto de Ley de protección y ordenación de la costa valenciana que proteja el patrimonio de nuestro litoral y nuestros núcleos costeros tradicionales, dándoles el valor etnográfico que tienen”.
