Redaccción // Benicàssim
En agosto de 2017, tras recibir una queja de un ciudadano que planteaba el retraso en la tramitación de la resolución del PAI Benicasim Golf, el Síndic de Greuges decidió actuar de oficio.
En la resolución, dada a conocer este martes día 30 de enero, el Síndic recuerda las diversas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana referidas a este programa de actuación integral que declaran la nulidad de las liquidaciones de IBI practicadas sobre las parcelas, y aclara que estos terrenos deben considerarse como suelo rústico a efectos catastrales.
Joan Bonet, portavoz del grupo municipal de Compromís per Benicàssim, recuerda que la coalición avanzó que los presupuestos para 2018 eran «ficticios» porque «obviaban una realidad difícil de explicar: el Ayuntamiento no reconoce la cantidad de 7 millones de euros que debe volver fruto de la resolución de los PAI Benicasim Golf, PRR5 y PRR6 «.
Desde la coalición advertían que no había consignación presupuestaria para atender la reclamación de los 400 particulares y familias afectadas. En sentido, Bonet recordaba que no avanzar en la tramitación de los expedientes sobre estos PAI suponía «esconder el problema bajo la alfombra, sin embargo, ahora o más adelante habrá que afrontar y abonar las cantidades cobradas indebidamente a los propietarios».
Para Bonet, la resolución del Síndic «deja sin argumentos al equipo de gobierno de Susana Marqués, que no ha querido hacer frente durante años a una situación que desde Compromís advertíamos que había que solucionar».
El portavoz del grupo municipal ha añadido que la «hacienda local ingresa cada año 700.000 euros por los PAI Benicasim Golf, PRR5 y PRR6, cantidad que descenderá de forma más que notable una vez los terrenos deban tributar como rústico». Desde Compromís per Benicàssim alertan que «además de la reducción de los ingresos, habrá que hacer frente a las indemnizaciones por los IBI cobrados indebidamente, valoradas en 7 millones de euros».
Bonet ha indicado que el equipo de gobierno «deberá reclamar un préstamo para hacer frente a estos pagos, lo que condicionará los futuros presupuestos municipales, en los que además se producirá una reducción muy importante de los ingresos debido a la tributación de los PAI paralizados como rústico. Todo esto afectará a la capacidad de inversión futura del Ayuntamiento».
«Un equipo de gobierno responsable», apunta el portavoz del grupo municipal de Compromís, «debería haber movido ficha desde la primera resolución judicial porque se trata de una situación injusta para muchos vecinos y que afecta a la situación de la hacienda local». «Se ha actuado como si no pasara nada, dilatando la solución a un problema que la resolución del Síndic deja ya sin salida al equipo de gobierno» ha concluido Bonet.
