POLÍTICA Juicios
E. BELLIDO // BENICÀSSIM
El Ayuntamiento de Benicàssim prepara la defensa para una nueva denuncia, esta vez de Arca Ibérica. El grupo ecologista ha recurrido el acuerdo plenario que aprobó en verano una modificación de crédito de 1.099.000 euros para reservar el dinero de amortización de la obra de la piscina municipal.
Una cuantía que nunca se llegó a pagar puesto que se estableció finalmente un saldo único de 3.044.984 euros que contemplaba tanto la reclamación por daños y perjuicios que determinó pedir el consistorio a la compañía Renos –ex adjudicataria de la gestión de la infraestructura– por dejar de prestar el servicio e incumplimiento del contrato, fijada en alrededor de cuatro millones de euros, como la cantidad económica solicitada por la empresa por la obra pendiente de amortizar, cuantificada en 1.200.000 euros.
El ejecutivo popular ha aprobado este lunes en junta de gobierno –que ahora son públicas– la defensa con su gabinete jurídico a raíz de este recurso presentado en el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Castellón por el representante de la asociación, Juan Luis de Javier. Arca Ibérica denuncia los votos de algunos responsables del equipo de gobierno, como la alcaldesa, Susana Marqués: y el portavoz, Mauro Soliva, entre otros, por una presunta incompatibilidad por su vinculación con el grupo empresarial.
Marqués mostró su tranquilidad, pues el punto contó con “todos los informes favorables, sino no lo habríamos votado”. Además, recordó que ante las reiteradas acusaciones de los grupos de la oposición por esta cuestión se realizó la consulta a la máxima institución competente, el órgano consultivo de la Generalitat, “que resolvió que no hay ninguna incompatibilidad de nuestros votos en estos puntos relacionados con empresas de este grupo”. “Si tienen algún informe que diga lo contrario y que lo demuestre que lo pongan encima de la mesa”, afirmó la primera edila.
Marqués afirma que contabilizarán el dinero gastado por “judicializar la política” en esta legislatura
La alcaldesa, Susana Marqués, afirmó que el equipo de gobierno contabilizará al finalizar la legislatura los gastos en abogados producidos durante estos años “por la pretensión de algunos grupos políticos como el Bloc de judicializar la vida política constantemente”.
Ahora es Arca Ibérica, una asociación que suele ocuparse de asuntos medioambientales, pero antes ha sido el portavoz del Bloc, Domingo Ferrando, judicializando otros asuntos como los festivales de música o la liquidación de la sociedad Desarrollo Turístico de Benicàssim (DTB).