La Audiencia determina el sobreseimiento del caso de la DTB

R.D. // BENICÀSSIM

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, así como los miembros del equipo de gobierno local, han mostrado su satisfacción al conocer el contenido del auto dictado por la Audiencia Provincial de Castellón y en el que se determina el “sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones” frente a las querellas interpuestas por el ex-concejal de Compromís del Ayuntamiento, quien culpaba a 8 concejales del PP y ARB y la alcaldesa de un supuesto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos.

“Todos los concejales que nos hemos visto acusados injustamente vemos ahora la ratificación de nuestra inocencia. Como siempre hemos defendido, nosotros actuamos velando por el interés del municipio de Benicàssim y los ciudadanos. Además, no lo hicimos de manera arbitraria, sino siempre guiados y asesorados por informes técnicos tanto externos como internos que avalaron las decisiones que se adoptaron y que ahora este auto corrobora. Estamos, pues, muy aliviados de que por fin se haya demostrado que no hemos cometido ningún delito”, ha manifestado la alcaldesa de la localidad.

El auto de la Audiencia apunta que “ni concurren los elementos para apreciar que estamos ante un delito de prevaricación, ni tampoco se aprecian conductas que puedan englobarse en el delito de malversación de caudales públicos, pues ni hubo abuso de las funciones de su cargo por los querellados ni tampoco la financiación de la deuda respondía a criterios contrarios a la eficiencia y economía”.

El documento judicial de 18 páginas dictado por la Audiencia abunda en su contenido en la cronología del proceso y cómo se desarrollaron los hechos. En dicho escrito se recoge específicamente que la propuesta de cambio de gestión de la DTB y la adquisición de las acciones no fue «una decisión arbitraria de la alcaldesa y los concejales, sino que fue consecuencia de la obligada situación financiera de la DTB», ratificada por una auditoria externa de los años 2009 a 2011 y por un informe expreso de la Intervención Municipal en el que se reconoce que, según los estatutos sociales de la entidad y el Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales, al final, el Ayuntamiento igualmente hubiera tenido que asumir la deuda contraída por la DTB.

La DTB (Desarrollo Turístico de Benicàssim) era una Sociedad Mixta creada en 2009 por el entonces alcalde del municipio, Francesc Colomer, para gestionar el turismo. Con el cambio de gobierno en 2011 y sin la que intervención municipal hubiera podido fiscalizar las cuentas de dicha sociedad con participación pública, la alcaldesa Susana Marqués encargó una auditoría externa y un informe de la intervención municipal que desvelaron que la sociedad estaba en quiebra, que debía más de 130.000 euros a proveedores, la mayoría, pequeños empresarios de Benicàssim y que jamás se habían presentado sus cuentas al registro mercantil desde su creación.

Ante tal situación, y teniendo en cuenta que la agrupación de empresarios turísticos de Benicàssim (los socios privados de la entidad) «no quería asumir ninguna recapitalización y habían propuesto al cesión gratuita de las acciones al municipio, el equipo de gobierno, velando por los intereses del municipio y sus vecinos», como ahora reconoce el auto judicial, «siguió los cauces legales para recuperar la gestión del turismo por el Ayuntamiento y poder pagar a los proveedores que se estaban viendo también por estas deudas abocados a su ruina».

Esta decisión fue el origen de las querellas interpuestas por el ex-concejal de Compromís, que pretendían «culpabilizar al equipo de gobierno popular de un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos que ahora, queda completamente probado que no existió y que el equipo de gobierno actuó de manera legal y correcta».

Susana Marqués ha manifestado que en un momento como el actual, «este auto es la constatación ante los ciudadanos de que este equipo de gobierno y estos concejales estamos trabajando duro cada día para defender única y exclusivamente a los vecinos, a los empresarios y a los trabajadores de Benicàssim”. La alcaldesa ha continuado diciendo que ahora «estudiaremos a fondo este asunto con nuestros abogados puesto que el daño moral ha sido muy grande y creemos que en política no todo debe valer y, por lo tanto, nos reservaremos el derecho de defender, no solo nuestra inocencia, como hemos hecho, sino también nuestra honorabilidad ante todos los ciudadanos”.