El concejal de ARB, incorporado al equipo de gobierno popular en el Ayuntamiento de Benicàssim, Carlos Díaz, presentó ayer en la comisión informativa de su área de Urbanismo el proyecto básico de Villa Elisa que, según informó, asciende a “alrededor de 2.100.000 euros”. Un montante que cuantifica la conclusión de las obras, desde que se paralizaron más todos los desperfectos que se han producido hasta la actualidad.
El objetivo es hacer, sobre este plan, el proyecto de ejecución de finalización de las obras, indicó, con la idea de dividir la actuación “en dos fases”.
Una primera que incluya la rehabilitación del palacete, que supone una inversión de 1.100.000 euros aproximadamente; y una segunda que contemple la construcción de la cafetería prevista en el exterior, para lo que se precisan unos 600.000 euros, así como los jardines, cuantificado en 400.000 euros, según detalló el edil.
Díaz explicó que la intención es “encargar estos proyectos, para que se puedan hacer en dos fases, y después buscar financiación para ejecutarlos”.
El consistorio tiene pendientes de cobro 1,4 millones de euros que adeuda la Generalitat, por los importes en concepto de certificaciones de obras que adelantó en su momento el Ayuntamiento. Montante que se estado reclamando y que de no consignarse se exigirá judicialmente, tal y como anunció la alcaldesa, Susana Marqués.
Una de las premisas para exigir la reanudación de las obras al Consell fue la presentación de un plan de viabilidad que permita su puesta en funcionamiento, barajando no solo su carácter cultural sino también la posibilidad de abarcar fines educativos, tratando de renegociar el convenio y ajustándolo a la actualidad.
En este sentido, Díaz señaló que ya se han mantenido reuniones con la UJI. “Estamos buscando esa viabilidad”.
Las obras de Villa Elisa, una de las más espectaculares de la Ruta de las Villas, situada en primera línea de la playa del Voramar, se iniciaron el 17 de mayo del 2007, con la empresa Arcion, S.A. como adjudicataria y una inversión de alrededor de 2,3 millones de euros, de los que la Generalitat únicamente pagó 62.936,96 euros, tras salir a licitación por unos 2,8 millones y adjudicarse con esa baja. Y tras llevar el 75,84% de los trabajos ejecutados y no recibir los ingresos correspondientes de la Generalitat, se paralizaron con Francesc Colomer como alcalde hasta la actualidad.
Ahora el coste para su finalización, dado el deterioro en la última década y los actos vandálicos que se han producido en su interior, se ha multiplicado.
