El pleno del Ayuntamiento ha aprobado elevar al Gobierno de España la reclamación de la deuda acumulada en concepto de Participaciones en los Ingresos del Estado (PIE), que asciende a casi 5 millones de euros. La moción, presentada por el Grupo Popular de Benicàssim, ha contado con el apoyo de VOX, la abstención de Compromís y del concejal no adscrito, y los votos en contra del Grupo Municipal Socialista.
Según explicó la alcaldesa, Susana Marqués, “el Gobierno no haya cumplido con su obligación legal de presentar anualmente unas cuentas actualizadas repercute directamente en los municipios. En el caso de Benicàssim, que el gobierno socialista de Pedro Sánchez no haya presentado los presupuestos generales, supone que los vecinos y vecinas de nuestro municipio no recibamos los casi 5 millones de euros que el Gobierno nos adeuda”.
Transferencias congeladas por la falta de presupuestos
Las transferencias del Estado a los ayuntamientos se calculan según el número de habitantes. Al encontrarse prorrogados los Presupuestos Generales del Estado desde 2023, las aportaciones siguen basándose en cifras obsoletas, correspondientes a cuando Benicàssim aún no había superado la barrera de los 20.000 habitantes. Desde entonces, la población censada ha pasado de 19.901 a 20.337 personas, lo que deja al municipio fuera de los tramos de financiación actualizados.
Reivindicación de inversiones y fondo por aumento estacional
Además de la reclamación de la deuda, el Pleno insta al Gobierno central a la creación de un fondo adicional específico para municipios que, como Benicàssim, experimentan un notable incremento estacional de población. También se exige que los futuros Presupuestos Generales del Estado contemplen las inversiones necesarias para el desarrollo local y la calidad de vida de los vecinos.
Entre las infraestructuras solicitadas destacan la adecuación de la entrada norte de la N-340, la instalación de pantallas acústicas en las zonas urbanizadas cercanas a la vía y que el Gobierno asuma el coste de la desaladora. Esta última se considera una instalación de interés general y, según el Ayuntamiento, no debería sufragarse con fondos municipales.
