En la resolución, dada a conocer este martes día 30 de enero, el Síndic recuerda las diversas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana referidas a este programa de actuación integral que declaran la nulidad de las liquidaciones de IBI practicadas sobre las parcelas, y aclara que estos terrenos deben considerarse como suelo rústico a efectos catastrales.

Joan Bonet, portavoz del grupo municipal de Compromís per Benicàssim, recuerda que la coalición avanzó que los presupuestos para 2018 eran «ficticios» porque «obviaban una realidad difícil de explicar: el Ayuntamiento no reconoce la cantidad de 7 millones de euros que debe volver fruto de la resolución de los PAI Benicasim Golf, PRR5 y PRR6 «.

Desde la coalición advertían que no había consignación presupuestaria para atender la reclamación de los 400 particulares y familias afectadas. En sentido, Bonet recordaba que no avanzar en la tramitación de los expedientes sobre estos PAI suponía «esconder el problema bajo la alfombra, sin embargo, ahora o más adelante habrá que afrontar y abonar las cantidades cobradas indebidamente a los propietarios».

Para Bonet, la resolución del Síndic «deja sin argumentos al equipo de gobierno de Susana Marqués, que no ha querido hacer frente durante años a una situación que desde Compromís advertíamos que había que solucionar».

El portavoz del grupo municipal ha añadido que la «hacienda local ingresa cada año 700.000 euros por los PAI Benicasim Golf, PRR5 y PRR6, cantidad que descenderá de forma más que notable una vez los terrenos deban tributar como rústico». Desde Compromís per Benicàssim alertan que «además de la reducción de los ingresos, habrá que hacer frente a las indemnizaciones por los IBI cobrados indebidamente, valoradas en 7 millones de euros».

Bonet ha indicado que el equipo de gobierno «deberá reclamar un préstamo para hacer frente a estos pagos, lo que condicionará los futuros presupuestos municipales, en los que además se producirá una reducción muy importante de los ingresos debido a la tributación de los PAI paralizados como rústico. Todo esto afectará a la capacidad de inversión futura del Ayuntamiento».

«Un equipo de gobierno responsable», apunta el portavoz del grupo municipal de Compromís, «debería haber movido ficha desde la primera resolución judicial porque se trata de una situación injusta para muchos vecinos y que afecta a la situación de la hacienda local». «Se ha actuado como si no pasara nada, dilatando la solución a un problema que la resolución del Síndic deja ya sin salida al equipo de gobierno» ha concluido Bonet.

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El Síndic instó en el escrito al consistorio a anular los recibos de este impuesto de las parcelas incluidas en el ámbito de esta actuación y a devolver «como ingresos indebidos» las cantidades recaudadas en los años anteriores que no hayan prescrito y que se cobraron en base a considerar los terrenos todavía como urbanos y no como rústicos.

También recomendó que, «de acuerdo a la legislación vigente, se dirijan a la dirección general del catastro y se haga una nueva valoración de los terrenos incluidos en el citado PAI, con el fin de que se refleje su realidad física y jurídica».

Desde el Síndic marcaron el plazo máximo de un mes para que el Ayuntamiento informe a este organismo autonómico respecto a «si acepta esta recomendación o, en su caso, manifieste las razones que considera para no aceptarla».

El caso se estudió a raíz de la queja de un ciudadano “que planteaba el retraso en la tramitación de la resolución de los PAI y denunciaba el excesivo importe del IBI de estas parcelas, al ser valoradas como suelo urbano”.

Desde Compromís recuerdan que el pleno del 31 de marzo del 2017 aprobó una moción presentada por su grupo para iniciar los trámites para resolver los programas urbanísticos paralizados, como es este caso, haciendo referencia a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat “que declaran la nulidad de las liquidaciones de IBI practicadas sobre las parcelas y aclaran que estos terrenos deben considerarse como suelo rústico a efectos catastrales”.

El portavoz, Joan Bonet, lamentó ayer que los presupuestos del 2018 son “ficticios” al “no reconocer la cantidad de 7 millones de euros que debe volver fruto de la resolución de los PAI Benicasim Golf, PRR5 y PRR6” para “atender la reclamación de los 400 particulares y familias afectadas”. Bonet señaló que la hacienda local “ingresa cada año 700.000 euros por estos sectores, cantidad que descenderá de forma más que notable una vez los terrenos deban tributar como rústicos”. Desde Compromís alertaron que “además de la reducción de los ingresos, habrá que hacer frente a las indemnizaciones por los IBI cobrados indebidamente, valoradas en siete millones de euros”.

Bonet manifestó que el equipo de gobierno “deberá reclamar un préstamo para hacer frente a estos pagos, lo que condicionará los futuros presupuestos municipales, en los que además se producirá una reducción muy importante de los ingresos debido a la tributación de los PAI paralizados como rústico. Todo esto afectará a la capacidad de inversión futura del Ayuntamiento”.

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