URBANISMO PAI Benicasim Golf
El fallo del Tribunal Constitucional podría tardar hasta tres años
El Tribunal Constitucional podría tardar tres años en dar una sentencia sobre el caso del PAI Benicàssim Golf y resolver si ampara o no al Ayuntamiento. El consistorio presentará próximamente un recurso de amparo al órgano judicial, tal y como anunció el viernes la alcaldesa, Susana Marqués, con el objetivo de “agotar todas las posibilidades” para lograr revocar la anulación del plan de mejora del macroproyecto urbanístico aprobado en el 2005 y “hacer entender que el parque público es fundamental para la regeneración del humedal y para solucionar los problemas de inundabilidad”, según han ido señalando desde el consistorio.
Además, antes, el Constitucional puede tardar un plazo medio aproximado de seis meses en proclamar si admite a trámite el recurso o no desde que recibe la solicitud. Así lo explicaron los representantes del equipo de gobierno –la alcaldesa, Susana Marqués; la concejala de Urbanismo, Carolina San Miguel; y el portavoz popular y edil de Participación, Mauro Soliva– a la ciudadanía y a los vecinos afectados durante el encuentro que mantuvieron el sábado en el colegio Palmeral con el objetivo de ofrecer información sobre las consecuencias de la sentencia del Tribunal Supremo y recoger las preocupaciones y dudas vecinales.
Asimismo, Marqués se comprometió a realizar reuniones periódicas con los vecinos de la zona, especialmente los residentes en el área del Cuadro de Santiago, que sufren los problemas históricos de las inundaciones en sus casas. Y es que los benicenses que viven en los sectores 5 y 6 de la localidad llevan ya varias décadas esperando una solución a esta grave problemática que padecen ante la llegada de lluvias torrenciales por el desnivel existente, que parece que nunca llega.
El ejecutivo municipal anunció también trabajar al mismo tiempo, e independientemente de Benicàssim Golf, para poder poner fin a las inundaciones. Y en el caso de que no se admita el recurso “se acatará la sentencia” y se volverá al 2002, retomando de nuevo el planeamiento posterior y aprobándolo otra vez en pleno, aunque con ciertas novedades como la petición e inclusión del informe hídrico que se solicita y cambiar la calificación del parque público a suelo no urbanizable y de especial protección.
El equipo de gobierno informó ayer a los partidos de la oposición en la comisión de Urbanismo de las conclusiones de la reunión mantenida el viernes con el gabinete jurídico técnico tras el análisis de la sentencia y del encuentro vecinal, “así como de las acciones legales que el Ayuntamiento va a emprender y del resto de mesas de trabajo que se están activando para dar solución a los retos que se han presentado tras la sentencia del Tribunal Supremo”, según señaló la primera edila.
Y criticó el “oportunismo político y la radicalización de los grupos de la izquierda, especialmente del Bloc, que, más que aportar soluciones en interés de los vecinos afectados, prefieren enfrentarse al equipo de gobierno y al PAI, que era la solución definitiva”.
