El grupo Compromís denunció este viernes que la «recaudación sobredimensionada del Impuesto sobre Bienes Inmuebles ha sido una constante desde que en 2006, el gobierno presidido por ARB y donde la concejala de Hacienda era Susana Marqués, actual alcaldesa, decidieran presentar al Catastro la solicitud de realizar la Revisión Catastral de Carácter General a todo el municipio de Benicàssim».
Según critican, «esta solicitud se hizo en plena burbuja inmobiliaria, donde los valores de mercado de los bienes inmuebles estaban absolutamente disparados. Esta revisión de 2006 ha hecho que los valores catastrales se dispararan a lo largo d’estos diez años, subiendo cada año una media aproximada del 10%. Mientras que en el año 2008 estalló la burbuja inmobiliaria y los valores se han hundido desde entonces, bajando las valoraciones en muchos casos en mes del 50%, los valores catastrales han ido subiendo hasta llegar a valores a que doblan a los que tenían a 2006».
Desde Compromís inciden en que esto, «en la práctica, se traduce en que los valores catastrales actuales llegan a superar en muchos casos los valores de mercado, incumpliendo de esta manera la Ley de Valores Catastrales donde especifica que los valores catastrales deben tener como referencia el 50% del valor de mercado de los inmuebles».
«Después de tantos años reivindicando un nivel impositivo que sea justo para la gente de Benicàssim y no confiscatorio, como lo que tenemos actualmente, se ha conseguido que Catastro aplique un coeficiente reductor del 8% sobre los valores catastrales, aligerando de esta manera, aunque de manera insuficiente, la sobrecarga fiscal que sufren los benicenses», apuntan.
Quienes lamentan que con «la aprobación de subir el tipo de gravamen del IBI mediante un pleno extraordinario celebrado a medios del pasado mes de diciembre de 2016, pasando del 0,526% al 0,56%, lo que se ha hecho es neutralizar el efecto de la bajada del IBI si se mantuviera el tipo de gravamen del 0,526%, haciendo que solo baje un 2% el recibo de la contribución».
Los nacionalistas consideran que esta «decisión política solo busca mantener la misma recaudación para poder mantener un nivel de inversiones similar a los años anteriores y que después se acaben gastando en actuaciones que no son precisamente una preferencia según los intereses generales de Benicàssim, con el añadido de que 500.000 euros adscritos en la prolongación de la CV-149, es una actuación dudosamente ejecutable».
«Cuando se quiere mantener este nivel de recaudación abusivo y, en cambio, no se quieren ajustar partidas de gastos corrientes innecesarias, fruto de la externalización de servicios y acontecimientos socioculturales y lúdico-deportivos perfectamente asumibles por los mismos trabajadores del Ayuntamiento, y que, en cambio, son organizados por empresas escogidas a dedo por el equipo de gobierno; subir el tipo de gravamen resulta una decisión injusta para la gente de Benicàssim», afirman.
Quienes añaden que, mientras tanto, «Marqués mantiene al municipio de Benicàssim aislado desde el punto de vista administrativo». «No es capaz ni de descolgar el teléfono para exigir a sus compañeros de partido del Ministerio de Fomento a que desbloqueen la situación del Tanatorio de Benicàssim, ni tampoco a sus compañeros de partido de la Confederación Hidrográfica del Júcar que participan en la financiación del Puente sobre el Barranco del Farja. Ella prefiere continuar cargando de impuestos confiscatorios a la gente de Benicàssim para continuar vendiendo humo de paja con actuaciones que no tienen ninguna preferencia para los intereses generales de Benicàssim. Por todo esto, desde Compromís per Benicàssim pedimos que se mantenga el tipo de gravamen al 0,526%».
