Redacción // Benicàssim
El PP sigue con su campaña de recogida de firmas para apoyar la prisión permanente revisable y lleva este jueves esta iniciativa al mercado de Benicàssim.
Los vecinos interesados en firmar pueden acudir para hacerlo entre las 10.00 y las 12.00 horas, según ha explicado la alcaldesa popular, Susana Marqués.
El objetivo es evitar la derogación de esta pena, que puede ser impuesta únicamente en delitos de excepcional gravedad, como asesinatos especialmente graves, crímenes cometidos tras la comisión de un delito contra la libertad sexual, el asesinato de menores, personas vulnerables, terrorismo, genocidios o crímenes de lesa humanidad.
La prisión permanente revisable es la máxima pena privativa de libertad en España. Fue aprobada en el Congreso de los Diputados el 26 de marzo del 2015, como parte de la Ley de Seguridad Ciudadana, con el único apoyo del Partido Popular y en el contexto del Pacto antiyihadista. Entró en vigor el día 31 de ese mes.
«Tuvimos que lamentar un hecho fuerte y crudo de violencia de género hace dos años en Benicàssim y debemos estar toda la sociedad unida a favor del cumplimiento íntegro de las penas«, ha indicado Marqués.
Familiares de las víctimas están pidiendo en los últimos años la prisión permanente revisable. El asesinato de Laura Luelmo en El Campillo (Huelva) ha reabierto el debate sobre este tipo de pena y, según ha trascendido, sus familiares también la pedirán.
La campaña, en la provincia, tras haberse celebrado ya en Castellón y este jueves en Benicàssim, continuará en Orpesa y Peñíscola los días 17 y 21 de enero, respectivamente, «con el objetivo de que los vecinos puedan dar su apoyo a esta iniciativa», tal y como ha afirmado la secretaria general de esta agrupación política en la provincia de Castellón, Elena Vicente-Ruiz.
«Defendemos la prisión permanente revisable por justicia y dignidad de las víctimas», declaró la popular, tras recordar que el pasado verano ya entregaron a María del Mar Bermúdez, madre de Sandra Palo, más de 5.000 firmas para que no se derogue esta pena.
Para Vicente-Ruiz, ésta es «la respuesta adecuada del Estado ante aquellos delincuentes de máxima peligrosidad para que los ciudadanos queden protegidos frente a las personas que no desean reinsertarse y siguen siendo un peligro para los niños, jóvenes y ciudadanos en general».
