Eva Bellido // Benicàssim
El Ayuntamiento de Benicàssim ha destinado alrededor de 20.000 euros ante la inminente puesta en marcha de la desaladora de Orpesa-Cabanes, que abastecerá de agua también a Benicàssim.
Es la primera cantidad que consigna el consistorio para la nueva infraestructura y se ha previsto «para arrancar «, según explica la alcaldesa, Susana Marqués, «ya que nos han informado que se pondrá en marcha el 1 de marzo«.
Y es que de no ser así y activarse antes de la última moratoria de la Comisión Europea, el Gobierno central tendría que devolver 18 millones de euros a la Unión Europea como indemnización por las ayudas concedidas para su construcción.
Tras años de negociaciones, por un lado para adaptar la cantidad del agua a la que realmente necesita actualmente el municipio; y, por otro, para renegociar la amortización de las obras de la infraestructura, parece que la desaladora comenzará a funcionar.
En la última propuesta de Acuamed enviada a los consistorios implicados parece que «han atendido nuestras demandas, ante el plante de los alcaldes», según indica la munícipe. Los técnicos están revisándola exhaustivamente y si dan el visto bueno su aprobación se elevará a un próximo pleno.
En este último acuerdo, que parece ser el definitivo, Acuamed ha cedido a suministrar a Benicàssim las cantidades que realmente necesita, teniendo en cuenta los meses con más demanda del verano, y sustituyendo a las que se habían establecido inicialmente en el convenio.
«No íbamos a pagar por agua que no necesitábamos», afirma Marqués, pues cuando se firmó se hizo en vistas de desarrollos urbanísticos como el PAI Benicàssim Golf, que quedó anulado y no ha podido ejecutarse finalmente.
«Ahora no tenemos demanda para tanta agua, ni tampoco depósito para almacenarla», añade.
También se ha conseguido otro avance en las negociaciones, como es que ahora «vamos a poder utilizar nuestros acuíferos, no solo agua desalada como establecía el primer convenio», señala la alcaldesa.
La millonaria amortización de la obra
No obstante, se trata de «un convenio transitorio», aclara Marqués, ante la urgente puesta en marcha de la desaladora, «pero no renunciamos a seguir haciendo nuestras reivindicaciones sobre la amortización de la obra».
«No renunciamos al derecho, entendemos que es un bien de interés prioritario, de uso común, entendemos que igual como en Cataluña el gobierno de Zapatero se hizo cargo, también deberían hacerse cargo de la nuestra», afirma.
Y es que el acuerdo firmado en 2006 obliga a los Ayuntamientos afectados a asumir el coste de las obras en 25 años. Entre Orpesa, Benicàssim y Cabanes deberían pagar 51 millones de euros.
