Eva Bellido // Benicàssim
Los festivales de Benicàssim ya se celebrarán la próxima temporada sobre suelo municipal. El 2020 marcará, en este sentido, un antes y un después, tras más de 20 años de alquileres de estos terrenos, hasta ahora, privados.
El Ayuntamiento afronta ya la última fase del proceso de expropiación del recinto de conciertos, tras haberse aprobado el proyecto definitivo. La alcaldesa, Susana Marqués, explicó que los propietarios «ya fueron notificados y que, actualmente, el arquitecto municipal está emitiendo el último informe en cuanto a los recursos presentados por los dueños de las parcelas. Probablemente esta semana ya estará listo».
Una vez concluya este procedimiento, con la resolución de los recursos de reposición, «ya se notificará para las actas de ocupación y el pago», añadió Marqués, como paso final para que el suelo pase a ser finalmente de propiedad pública.
Una decisión que el equipo de gobierno tomó para garantizar la celebración y el futuro de los certámenes, tras la inestabilidad que produce a los promotores de los macroeventos la renegociación de los contratos de alquiler en los últimos años.
Además, de esta forma, el consistorio podrá cumplir con otro de sus propósitos: invertir en infraestructuras fijas y proceder a la modernización del recinto de festivales, para que pueda albergar eventos durante todo el año.
Con todo, el concejal de Urbanismo, Carlos Díaz, augura que el proceso podría terminar durante el primer trimestre del 2020, posiblemente «durante los meses de febrero o marzo», de manera que para la celebración del primer festival de la temporada, el Sansan, el suelo ya sería municipal.
No obstante, Marqués aclaró que los propietarios (cerca de 40) «tienen todo el derecho del mundo de acudir al jurado de expropiación para hacer valer sus reivindicaciones, si no están de acuerdo con las condiciones». Aunque insistió en que ello no interrumpirá la expropiación.
Al respecto, Díaz indicó que el Ayuntamiento sí que estimó algunas alegaciones presentadas por los dueños, en referencia a la superficie, precio o aspectos a tener en cuenta de cada parcela.
El Ayuntamiento destina 3,6 millones de euros para el pago de los terrenos afectados.
